Martinsa-Fadesa, una de las cinco mayores constructoras de España, podría estar a punto de irse al concurso de acreedores. La Comisión Nación del Mercado de Valores ha suspendido hoy su cotización cuando el precio de sus acciones caía un 24 por ciento.

Podría quebrar en cualquier momento
Martinsa-Fadesa llevaba acumulando caídas importantes en los últimos dos días. Desde el pasado jueves, el valor de la compañía se redujo a la mitad. Esta tarde está convocado un consejo de administración para que los accionistas decidan qué hacen con la empresa.

La empresa pidió la pasada semana ampliar el plazo para la consecución de un crédito de 150 millones de euros, lo que implica que no puede hacer frente a los pagos a corto plazo. Su última esperanza residía en que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le pudiera proporcionar el dinero público que le prometió supuestamente hace más de seis meses. El Ejecutivo ha señalado a última hora ese la constructora no recibirá ningún crédito oficial, porque este tipo de instrumentos están diseñados para aumentar la producción y no para pagar las deudas de las corporaciones.

La compañía estaba prácticamente ahogada. Una de las cláusulas que se incluyó en el contrato de refinanciación de 4.000 de los 5.200 millones de la deuda que pesa sobre la sociedad era la formalización de un crédito de 150 millones de euros para impulsar el desarrollo de proyectos en el exterior. Como el plazo que había pactado con la banca era de dos meses y los 150 millones no han llegado, las entidades financieras tienen derecho a despedazar la empresa para cobrarse lo que les deben.

Sin embargo, el concurso de acreedores no favorece en realidad a ninguna de las partes, porque Martinsa Fadesa dejaría de existir por un lado y, por otro, los bancos tendrían que quedarse con unos pisos, muchas veces en construcción, que se están devaluando rápidamente. Los mayores acreedores de la compañía son entre otros, La Caixa (1.000 millones de euros), Caja Madrid (1000 millones) y el Banco Popular (400 millones).

El presidente de la empresa, Fernando Martín, ha encontrado una solución de compromiso para salvar su negocio: aplazar un mes, hasta el 7 de agosto, la devolución del dinero.