Me apresuro a hacer notar una curiosidad ideológica. Los liberales uruguayos son críticos de Mujica y el Frente Amplio por su tendencia intervencionista en temas económicos y políticos, mientras que los liberales extranjeros tienden a fijarse en la agenda no económica para valorar el que ese gobierno lleve a cabo ciertas reformas sobre la relación entre el Estado y el individuo.

En realidad, ambos tienen algo de razón: el gobierno de Mujica, que ha vivido una permanente tensión entre la línea más bien razonable del vicepresidente Danilo Astori y la presión del sector radical, incluidos los herederos políticos de los tupamaros, difícilmente puede llamarse liberal en asuntos económicos. Ha respetado, sí, una parte de la herencia, que es la de una sociedad relativamente abierta donde las instituciones, más sólidas que en otros lugares de América Latina, permiten una mayor seguridad jurídica que en el resto del continente. Pero en muchas áreas se ha producido una mayor intervención, para no hablar del hecho de que todavía hay mercados, como el de la electricidad y el de los combustibles, en manos estatales. No olvidemos que el Uruguay fundó el primer Estado del Bienestar del hemisferio a fines del siglo 19 y lo consolidó bajo el gobierno legendario de Batlle y Ordóñez en los primeros años del siglo 20.

Pero si nos centramos en las áreas valóricas o morales, no hay duda de que el Frente Amplio procura afanosamente avanzar hacia una mayor liberalización y esto hace de la república oriental una referencia, se esté o no de acuerdo. No hay en ello, sin embargo, gran novedad histórica: el Uruguay fue tradicionalmente un país de vanguardia en cuestiones de libertad individual. Recordemos que en el breve período que va de 1913 a 1927 se convirtió en el primer Estado en admitir el divorcio por voluntad de la mujer, el primer Estado laico y el primero en permitir que las mujeres acudieran a las urnas. El horrendo período que va de los años 60 a los años 80, signado por el terrorismo de izquierda, primero, y luego la dictadura militar de derecha, sacó al país de ese escaparate en el que hasta entonces lucía toda clase de trofeos. No me refiero sólo al fútbol y a su nivel educativo, aunque también, sino a los distintos hitos que lo colocaban como un país “de avanzada”, siempre adelantándose a sus vecinos en cuestiones de “modernidad”.

Hoy, parece recobrar esa vocación aun si, en otros órdenes, se mantiene como un país que está lejos de haber desestatizado espacios todavía altamente intervenidos. El año pasado, se aprobó una legislación sobre el aborto que autoriza esta práctica en las primeras 12 semanas del embarazo y pone muy pocas restricciones, como consultar con médicos o especialistas para informarse sobre los riesgos y alternativas. En ello, la representación parlamentaria del Frente Amplio, a la que apoyó un diputado del opositor Partido Nacional, sintonizaba con la sociedad, que es mayoritariamente favorable a la posibilidad de que la mujer aborte aunque muestra menos claridad en esta opinión cuando se trata de la simple voluntad de la madre.

En abril de este año, el Congreso votó abrumadoramente a favor del matrimonio gay o lo que ahora ha dado en llamarse el matrimonio igualitario. Es interesante constatar que, a diferencia de lo sucedido con el aborto, en este caso el respaldo de la oposición, aunque con fisuras, fue contundente. También en esta materia la representación parlamentaria calzaba con el sentimiento de la calle, esos 3.3 millones de habitantes que están entre los más politizados y participativos de América Latina.

Caso algo distinto es el de la legalización de la marihuana, que ha chocado no sólo con una oposición parlamentaria de “colorados” y “blancos”, las dos fuerzas tradicionales, sino de la opinión pública. Más de la mitad de la población se opone a esta medida, que todavía no está finiquitada pues falta el voto del Senado, donde no prevé ningún contratiempo dada la cómoda mayoría oficialista. La crítica de buena parte de la oposición ha sido bastante contundente, aunque cuando el sentimiento en algunos miembros del Partido Colorado, por ejemplo, es favorable a la descriminalización (este cronista recuerda una larga conversación con el ex Presidente Batlle, nieto del líder de principios de siglo, en el que el político uruguayo se mostró contrario a la prohibición, algo que también ha dicho en público). Ocurren, sin embargo, dos cosas. Lo obvio: con una mayoría social en contra, oponerse entraña potenciales réditos políticos. Lo menos obvio: contra lo que se están oponiendo esas mayorías que expresan su oposición en las encuestas no es tanto contra el derecho individual de las personas a consumir marihuana como contra lo que perciben como un ingrediente de la violencia delincuencial, hoy convertida para muchos en el problema número uno del país.

Esa violencia está asociada, en el imaginario uruguayo, con el tráfico de estupefacientes. El argumento de que la descriminalización apunta, justamente, a reducir la violencia en vista de que el tráfico de drogas perderá su razón de ser, no ha bastado para que los uruguayos venzan una prevención contra la comercialización legal. Piensan que alimentará la violencia. Por tanto, quienes desde el exterior creen leer en este rechazo social un inesperado ánimo conservador entre los uruguayos, que estaría confirmado por la opinión dividida sobre al aborto en casos en que no hay riesgo para la madre, violación ni malformación del feto, quizá pierden de vista que la verdadera razón para oponerse es la psicosis por la delincuencia común, no la fe en el Estado moralizador.

Y en cuanto al aborto, en muchas sociedades liberales del mundo, incluidas algunas nórdicas, como Finlandia, la idea de autorizar a una mujer sin más trámite a abortar cuando no hay riesgos para la madre, violación ni malformación el feto despierta también ciertas resistencias. Es perfectamente comprensible.

Uruguay está, hechas las sumas y las restas, a la vanguardia del continente en materia de legislación sobre temas de conciencia. En lo referente al aborto, se sitúa al lado de Cuba en una posición única. En materia de matrimonio igualitario, Argentina se le adelantó por tres años aunque ya Uruguay había legalizado las uniones civiles. En México, sólo la capital había llegado tan lejos y, ahora, la justicia brasileña ha legalizado en la práctica el matrimonio gay (el Parlamento no ha actuado al respecto). En lo tocante a la legalización de la marihuana -siempre en el supuesto de que el Senado ratifique la decisión de Diputados- el Uruguay está en solitario en el continente, aun cuando en mucho países, como en la propia república oriental, la pequeña posesión personal ya estaba descriminalizada.

El caso uruguayo ha sido comparado al de países europeos donde la descriminalización de ciertas drogas lleva ya algún tiempo. Pero se da en el caso uruguayo un elemento novedoso: el monopolio estatal que consagra la legislación sobre el cannabis. Aunque falta reglamentar muchos detalles, se entiende que las empresas privadas podrán participar a través de licitaciones, pero sin posibilidad de comercializarla directamente. Según la Junta Nacional de Drogas ya hay empresas de Estados Unidos, Holanda, España y Alemania interesadas, así como algunos uruguayos residentes en el extranjero. En principio se otorgarán licencias para controlar entre 20 y 40 hectáreas y deberán producirse unas 20 toneladas al año en total.

Sólo podrán obviar al Estado los consumidores que practiquen el autocultivo en pequeñas cantidades y los clubes de consumidores. Pero aun así tendrán que formar parte del registro de consumidores, por tanto el Estado sabrá de quiénes se trata. El Estado pondrá el precio (con impuestos altos), tendrá la exclusividad de los centros de venta y establecerá un máximo de cigarrillos por persona.

No sólo en América Latina se está observando de cerca lo que sucede en el Uruguay. También en ciertos sectores como Estados Unidos, donde el debate ha cobrado fuerza a medida que la sociedad se ha ido corriendo hacia el liberalismo en materias “sociales”. Ya hay una mayoría a favor de descriminalizar la marihuana, del mismo modo que la hay a favor del matrimonio igualitario. El Presidente Obama se ha decantado por esto último mas no aun por la descriminalización del cannabis. Sin embargo, su gobierno y en general el Estado federal no han hecho nada hasta el momento para interferir, como es su derecho, con la decisión de dos estados, Washington y Colorado, de legalizar la marihuana. Había estados donde la planta estaba legalizada por razones medicinales, pero es la primera vez que se la legaliza para uso recreativo.

Como la ley federal tiene preponderancia sobre la legislación de los estados en materias en que la Constitución no les otorga el derecho excluyente a legislar, Obama podría impedir que Washington y Colorado apliquen la ley permisiva. Sin embargo, ha preferido abstenerse. En un país exhausto de la guerra contra las drogas, en el que la población penitenciaria alcanza la espeluznante cifra de casi dos millones y medio de personas y donde la tendencia hacia la permisividad crece en la opinión pública, esto es fácil de entender. Pero se está lejos aun de decretar la legalización a nivel federal. La experiencia del Uruguay será un factor interesante en el análisis norteamericano sobre una materia en la que han preferido la cautela.

Dicho todo esto, no es seguro todavía que la decisión del Frente Amplio y el Presidente Mujica prevalezca en el mediano plazo. Dada la resistencia que ha enfrentado este proceso, el propio Mujica ha dejado abierta la posibilidad de revertir la decisión, exhibiendo con ello no tanto una vacilación de conciencia como una intuición sobre el riesgo electoral. Después de todo, el Frente Amplio quiere ganar un tercer mandato, probablemente bajo el liderazgo del ex Presidente Tabaré Vázquez, quien, por cierto, es favorable a la legalización de la marihuana desde hace mucho tiempo.

Mientras que gobiernos como el de Colombia y los de Centroamérica se han animado a coquetear con la idea de la legalización, sólo Uruguay se ha atrevido a dar el paso. De cómo funcione esta medida dependerá que más temprano que tarde cunda el ejemplo por el continente o la discusión quede sepultada por mucho tiempo.

Artículo publicado originalmente en La Tercera