El Gobierno español adjudica 2.115 millones de los 5.000 previstos para la primera subasta de compra de activos de la banca. En total han sido 23 entidades las que se han beneficiado de esta medida lanzada por el Ejecutivo para paliar la crisis financiera.

Reciben 2.200 millones de euros
En la subasta, a la que seguirá otra el próximo 11 de diciembre, el fondo compra activos a las 23 entidades en operaciones de compraventa dobles, es decir, con pacto de recompra a un interés marginal del 3,150 por ciento y con un plazo de vencimiento de dos años.

28 entidades financieras, entre ellas La Caixa, Banco Sabadell, Bancaja, BBK, Kutxa, Caja Vital y Caja Duero, presentaron en un principio 70 ofertas para participar en la subasta y solicitaron 4.562 millones de euros del máximo de 5.000 millones disponibles en la puja.

De ellas, resultaron adjudicatarias el Banco Sabadell; la BBK, con 134 millones; la Kutxa, con 50 millones; la Caja Vital, con 45 millones; y Caja Duero, con 30 millones.

El resto no lo ha reconocido abiertamente, por lo que habrá que esperar cuatro meses hasta que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, revele en la Comisión de Economía del Congreso el nombre de todas las participantes.

En la subasta ni siquiera se adjudica la mitad del importe solicitado y con la situación de los mercados parecía razonable pensar que se hubieran presentado más entidades a la subasta. El bajo nivel de adjudicación podría deberse a que las entidades esperan una nueva bajada de tipos de interés a principios de diciembre, por lo que muchas esperarían a próximas subastas con mejores condiciones.

El fondo cuenta con una aportación inicial de 30.000 millones, ampliables a 50.000 millones de euros.

Para dotar al fondo de dicha liquidez, el Tesoro adjudica 4.419 millones en una subasta extraordinaria de letras y bonos, a la que siguió una de letras a seis meses en la que se adjudicó 1.619 millones.

Según explica el secretario de Estado de Economía, David Vegara, la creación del fondo responde a la escasez de financiación interbancaria que, al impedir a las entidades de crédito financiarse en los mercados, ha desacelerado “significativamente” la oferta de crédito a empresas y familias.