Los beneficios económicos que las operaciones de las organizaciones criminales dejan en México tienen un importante reflejo en el flujo de “lavado de dinero”. Durante 2012, esa cifra se colocó en el 3.6% del PIB.

Un 3.6% de su Producto Interno Bruto (PIB) es el equivalente a lo que México habría lavado de dinero durante el año pasado, según revela un informe de la Cámara de Diputados. Los datos establecen que la cifra rondaría los 10 mil millones de dólares (unos 7,500 millones de euros).

Esa cifra, de acuerdo con el dato aportado por los legisladores federales en el documento “Lavado de dinero”, es mayor al rango de entre 1.5% y 2.4% que se reportó de 2004 al segundo trimestre de 2009. Sin embargo, México se ubica por debajo de Perú como proporción del PIB, pues ese país en 2011 reportó un porcentaje de 4.4%, señala.

El texto publicado por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, establece que “estas cifras obedecen a la situación de criminalidad que ha permeado a nuestro sistema social, económico y financiero, desencadenando que se deban combatir de forma legal”. Además, sentencia que “los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra”.

En el documento a cargo de las investigadoras adscritas a la Cámara de Diputados, Claudia Gamboa Montejano y Sandra Valdés Robledo, se afirma que para el combate legal de este problema de cuenta ahora con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada en octubre pasado. Reseña, además, que según el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), los fondos “blanqueados” a nivel internacional representarían entre  2 y 5% del PIB mundial.

Las investigadoras manejan que formular la ley contra el lavado de dinero fue un compromiso derivado del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, auspiciado por el Gobierno federal en 2010. En la estrategia definida entonces, apuntan, se planteó como propósito el fortalecimiento de la lucha contra dichas actividades delictivas a través de un sistema integral, enfocado a impedir que las organizaciones delictivas dispongan de sus ganancias y con capacidad de judicializar oportuna y efectivamente casos de alta relevancia.