Los años de tensión diplomática entre México y Francia parece que llegan a su fin después de que la máxima instancia judicial azteca haya decidido dejar en libertad a Florence Cassez, acusada de secuestro. La ola de indignación entre la sociedad mexicana aumenta.

Un falso operativo policiaco y un montaje mediático, además de graves violaciones a sus garantías individuales por parte de autoridades de la extinta Agencia Federal de Investigación, permitió que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieran que la ciudadana francesa Florence Cassez debería de salir de la cárcel donde estuvo recluida por más de siete años acusada de secuestro. Inmediatamente, tomó un vuelo comercial a París donde fue recibida como una heroína mientras que en México, las redes sociales y los medios de comunicación hervían en protestas de actores políticos, luchadores sociales o ciudadanos de a pie que vieron en la decisión judicial, una clara violación a la soberanía nacional.

La sentencia y encarcelación de Cassez mantuvo elevada la tensión diplomática entre El Elíseo y Los Pinos durante los últimos cinco años. Cabe recordar que las autoridades aztecas ordenaron suspender la participación de grupos y artistas nacionales en 2011 durante el Año de México en Francia porque el presidente Nicolás Sarkozy giró instrucciones para que los actos estuvieran dedicados a Cassez. París pidió, con base en los tratados y convenciones a los que está suscrito México, que Cassez fuera extraditada a su país para que allí pudiera cumplir su condena. Los responsables judiciales mexicanos negaron esa posibilidad argumentando que lo más probable era que la acusada de secuestro obtuviera inmediatamente su libertad.

Pero en este caso, ni todo es blanco ni todo es negro. Florence Marie Louise Cassez Crepin, es ciudadana francesa y tiene 38 años. Según la investigación integrada por la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR), integrada en un expediente de 1,529 hojas, en el 2003 llegó a vivir a la Ciudad de México invitada por su hermano quien se encontraba en tierras mexicanas desde 1994. Al año siguiente, conoció e inició una relación sentimental con Israel Vallarta y fue en 2005 cuando decidió irse a vivir con él al rancho “Las Chinitas”, ubicado a la salida del Distrito Federal (DF), rumbo al estado de Morelos.

Las autoridades judiciales mantenían abierta una investigación para tratar de desmantelar a la banda de secuestradores que se hacían llamar “Los Zodiacos” y cuya jefatura era atribuida a Vallarta. Habían cometido unos diez plagios en el DF y en el vecino Estado de México.

A las  5:30 de la mañana del viernes 9 diciembre de 2005, elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la PGR anuncian públicamente que realizaron un operativo en el rancho “Las Chinitas” para liberar a tres víctimas de secuestro: Elizalde, Cristian Ríos y su hijo. Los agentes presentaron como detenidos  a Israel Vallarta y a Florence Cassez. La acción policial es mostrada al público en una conexión en vivo con el telediario de mayor audiencia matutina en México: “Primero Noticias” de Televisa.

Lo cierto, tal y como lo aceptó años después el responsable de la AFI, Genaro García Luna, es que todo se trató de un burdo montaje televisivo. El único afectado fue el reportero Pablo Reinah, despedido porque se le acusó de ser cómplice de la estratagema. Reinah se defendió ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pidió que se restableciera su honor y la empresa admitiera que él no fue el único responsable. Finalmente ganó el litigio pero Televisa nunca aclaró ante las audiencias si hubo otros directivos de la empresa que estuvieran enterados de este “montaje”, armado por los principales responsables del área informativa de la televisora  

A través de su abogado, Florence Cassez denunció que no fue detenida el viernes 9 diciembre, sino el jueves 8 y que no la arrestaron en el rancho Las Chinitas, sino en la carretera México-Cuernavaca. Lo que se vio en la televisión, afirmó en varias ocasiones, fue un montaje de su detención, una recreación que hicieron las autoridades para mostrarla a los medios de comunicación, a los que había convocado esa mañana.

También denunció –y fue aceptado por la PGR- que no se le consignó de inmediato ante la Agencia del Ministerio Público y que no se avisó oportunamente a la embajada de Francia para que recibiera el auxilio consular al que tenía derecho. De hecho, estuvo privada de su libertad ilegalmente más de 24 horas.
 

Poco después, la Policía detuvo a David Orozco,  alias el “Géminis”. En sus declaraciones ministeriales, dijo que Cassez había llegado a la banda en 2004 y que ejercía una enorme influencia sobre Vallarta. 

 

En abril del 2008, un juez penal federal dictó sentencia condenatoria contra Florence Cassez de 96 años de prisión. La defensa impugnó la sentencia y, en febrero de 2009, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó la acusación contra la ciudadana francesa, pero redujo su sentencia a 60 años de prisión. Una de las víctimas, Ezequiel Elizalde, insistió ante los jueces “sin temor a equivocarse” que ella fue “mi secuestradora” y subrayó que debido a la francesa vivió “los tratos más horribles que se le pueden hacer a un ser humano”. “Todavía recuerdo su cara y el odio con la que ella me daba a escoger entre un dedo o una oreja” insistió a las puertas del Supremo.

El  10 de marzo de 2011 el caso llegó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, el  miércoles 23 de enero, por mayoría de tres votos, la Primera Sala de la SCJN ordenó la inmediata y absoluta libertad de Florence Cassez. Y aunque los magistrados no se pronunciaron sobre su inocencia o culpabilidad, desde el punto de vista del derecho se le otorgó un amparo por violaciones a sus garantías individuales durante el proceso judicial que enfrentó.

Los ministros concluyeron que en su detención se violaron sus derechos, puesto que no fue puesta a disposición inmediata del Ministerio Público, la embajada de Francia no fue notificada de inmediato de la detención de Florence Cassez, para brindarle asistencia consular y se violó su presunción de inocencia con el montaje de las autoridades al momento de su detención. Esos tres  derechos están consagrados en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución. La sentencia de la Suprema Corte es definitiva e inapelable.
 

Nada más conocerse el fallo, Ezequiel Elizalde, el joven que dijo haber oído a la francesa amenazarle con cortarle un dedo, denunció que la justicia mexicana es una “porquería”. Por supuesto, allí, en el caso judicial más mediático de los últimos años en México, estuvieron cámaras y micrófonos para recoger el llamado de la víctima a la población a “tomar las armas” defenderse de las injusticias.

Con información de Milenio, Noticieros Televisa, Apro, El Universal