La mayoría de los argentinos hoy descree de su idoneidad para desempeñar el alto cargo que los lamentables “pactos” celebrados con Cristina Fernández le obsequiaran.

He dedicado mi vida a moverme activamente por el mundo. Profesional y diplomáticamente, por cierto.
 
Mis oídos han escuchado, por ello, las “opiniones” y los “lugares comunes” de los actores principales de los países desarrollados sobre nosotros, todo a lo largo de algunas décadas. Algunas de ellas son notorias y tienen rigor. Otras, en cambio, son apenas hipócritas, aunque constantemente repetidas.
 
Entre las últimas hay una que siempre quise denunciar: la presunta falta de pago de impuestos por parte de quienes trabajamos en América del Sur. Esa acusación, hecha livianamente y al voleo, a modo de filosa “muletilla”, es rotunda y falsa.
 
Mi vida es un largo testimonio de ello. He pagado siempre mis impuestos, que fueron malgastados por un Estado esencialmente elefantiásico que, con su desproporcionado peso, lastima y asfixia constantemente al sector productivo, esto es el sector privado, del que naturalmente el Estado no forma parte.
 
El Estado juega siempre con una “perinola” propia, en virtud de la cual no “pone” nunca, “saca” siempre y alimenta a una “clase política” que, salvo honrosas excepciones, tiene baja calidad y está dedicada al “deporte” perverso de tratar, sin que se note demasiado, de “vivir de los demás”.
 
La Argentina, con esa terrible característica propia, verdaderamente suicida, ha estado instalada y empantanada en un imparable “tobogán de decadencia” en las últimas siete décadas. Muchos no se han anoticiado de esto y miran parta otro lado, sin cuestionar la realidad.
 
Nuestro país tiene hoy el gobierno nacional al que cabía suponer elegiría, el que más desconfianza genera en toda su historia moderna. El de Alberto Fernández, a quien su vice-presidente, Cristina Fernández, llevó virtualmente “de la mano” al poder, al que -de otra manera- Alberto Fernández, un hombre cuyo CV es realmente de muy pocos e insípidos renglones, no hubiera accedido.
 
La mayoría de los argentinos hoy descree de su idoneidad para desempeñar el alto cargo que los lamentables “pactos” celebrados con Cristina Fernández le obsequiaran.
 
Y Alberto Fernández no puede desmentir esa impresión. Quizás porque no es ducho en gobernar, arte bien complejo. Prueba de esto es el increíble “impuesto a la riqueza” con el que ha castigado a los 12.000 argentinos a los que considera “ricos”, como si ello fuera un venenoso pecado capital y como si su grotesco objetivo fuera el de gobernar un país de “pobres”, exclusivamente.
 
Y espantar así -todo lo posible- a la inversión, externa y doméstica, por igual. Sin advertir que, sin inversión no hay crecimiento posible y genuino.
 
El capital de los pocos argentinos que pudieron mantenerlo pese a los desaciertos de sus gobernantes, es ahora objeto de tributos extraordinarios, lo que como trato es todo lo contrario de ser cuidado y atraído.
 
No premiamos al éxito. Lo castigamos duro, abiertamente. Y así nos apoderamos, entre todos, del esfuerzo ajeno, ante los ojos atónitos del mundo.
 
Pero hoy está bien claro quiénes son los autores del enorme desatino en el que se ha hecho caer al peronismo. El “padre” de la destructiva idea de gravar al capital tiene nombre y apellido: Carlos Heller, un resentido ex miembro de las juventudes comunistas, hoy disfrazado de diputado “peronista” y metido bajo el ala de un inexperto y muy livianamente educado diputado nacional, cargo al que accediera sólo por su obvio perfil dinástico: Máximo Kirchner. Prendido cual sedienta garrapata de él, Carlos Heller se “protege” del duro e inevitable juicio de la historia, al que solapadamente arrastra al joven diputado dinástico a compartir con él. Pero lo cierto es que su nombre quedará atado, para siempre, a su interesado desatino fiscal.
 
El episodio viene a la memoria precisamente por el “mito” creado por los europeos y norteamericanos que sostienen, muy sueltos de cuerpo, que aquí no pagamos impuestos, cuando la verdad es que ellos en rigor nos sofocan, para crear así una insólita ventaja competitiva a favor de quienes, desde el exterior, compiten en el mundo con nuestra producción agropecuaria, que claramente es la más eficiente de nuestra despareja estructura productiva, pero también la más castigada con una política de “derechos de exportación” que la colocan en una posición de enorme desventaja respecto de todos los demás sectores productivos.
 
Esos “derechos”, por su efecto siniestro, deberían prohibirse, para siempre.
 
Ocurre que esos “derechos” pulverizan el principio constitucional de que la igualdad debe ser siempre la base de las cargas públicas, convirtiéndolo en letra muerta. Es más, lo destrozan y desarticulan hasta hacerlo virtualmente desaparecer.
 
Y todo esto, pícaramente, se silencia -y se ha silenciado siempre- desde el exterior, incluyendo a las instituciones internacionales, que cierran sus ojos ante la evidencia de lo que ha sucedido y continúa sucediendo: la existencia de una carga tributaria demasiado pesada, que no por casualidad recae sobre pocos, muy pocos, hombros. Paradójicamente, los de aquellos que son los de los más eficientes de todos.
 
 
 
(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.