El Tribunal Superior Electoral de Brasil dispuso ayer que los políticos en ejercicio de funciones públicas, no podrán cambiarse de partido, a menos que lo justifiquen previamente ante la justicia electoral. La norma, pretende evitar intereses económicos detrás del cambio partidario.

Polémica decisión judicial

El Tribunal Superior Electoral de Brasil estableció ayer la doctrina de la “fidelidad partidaria”, que implica que los mandatos de funcionarios electos pertenecen al partido y no a la persona.

Tanto el presidente de la República como los gobernadores y senadores de Brasil no podrán cambiarse a otro grupo político si no lo lo justifican ante la justicia electoral.
 
La medida regirá mientras los beneficiarios de un cargo electivo permanezcan en funciones. De no dar razones de peso para explicar una eventual migración partidaria, correrán el riesgo de ser removidos de sus cargo por sentencias judiciales.
 

La decisión fue tomada unánimemente por los siete magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE), a fin de evitar el tráfico de influencias políticas como los numerosos intereses económicos que existen detrás de un cambio partidario.

En marzo pasado, la justicia electoral de Brasil ya había dispuesto esa fidelidad para los diputados y concejales, en una decisión ratificada a comienzos de octubre por el Supremo Tribunal Federal.

En Brasil, como en varios países de la región, es habitual que legisladores, alcaldes, y demás funcionarios cambien de partido tras una elección, generalmente migrando a grupos aliados al gobierno de turno.

De este modo, mantienen su influencia, tienen mayores posibilidades de conseguir presupuestos oficiales para sus proyectos y cargos para sus simpatizantes.

A partir de la fecha, dicha práctica esta prohibida en Brasil, ya que la norma exige una serie de trámites y comunicaciones previas a la justicia electoral, a fin de respetar la “fidelidad partidaria”.