En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que aunque los obispos tienen derecho a opinar en los grandes debates nacionales, “es al Gobierno y a los parlamentos a quienes corresponde aprobar las leyes y desarrollas las políticas” públicas y, además, “el derecho a hacerlo sin injerencias de ningún tipo”

 

De la Vega respondía así a las declaraciones del secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, quien afirmó que el político católico que vote a favor de la reforma a la ley del aborto incurre en pecado y “tendrá que confesarse y rectificar públicamente si quiere volver a comulgar”.

 

En tono de reproche, la vicepresidenta dijo a los obispos que el pecado “es un concepto que se sitúa en el ámbito de las creencias y no tiene ninguna cabida en el ordenamiento jurídico”. Destacó que la jerarquía católica en España sabe “muy bien que en democracia los poderes públicos y el Parlamento actúan con plena independencia de las confesiones religiosas”.

 

Y es que camino, durante la rueda de prensa final de la 94 Asamblea Plenaria de la CEE, abordó el tema de la reforma a la ley del aborto que este jueves pasó su primer trámite parlamentario al ser rechazadas las enmiendas propuestas por el PP.

 

Martínez Camino aseguró que “nadie que atienda a los imperativos de la recta razón puede aprobar ni dar su voto a ese proyecto de ley”. En particular, dijo,“los católicos deben recordar que si lo hacen, se ponen a sí mismos públicamente en una situación objetiva de pecado y, mientras dure, no podrán ser admitidos a la sagrada comunión”.

 

La postura de los católicos, destacó, es la “sí a la vida de los seres humanos inocentes e indefensos, por el sí a una educación afectivo-sexual, por el sí a la mujer gestante, que ha de ser apoyada en su derecho a la maternidad, y por el sí a leyes justas que favorezcan el bien común y no confundan la injusticia con derecho”.

 

En caso de que sea aprobada la ley que promueve el Gobierno español, subrayó, será “aún más injusta” que la anterior normativa y defendió que la postura de los obispos ha sido siempre igual “con independencia de la coyuntura política”. Prueba de ello, afirmó, es un libro en el que se recogen todos los documentos de la CEE sobre este tema desde 1974 hasta 2006.