Al igual que los EEUU, España comete un gravísimo error al recurrir a políticas intervencionistas en el sector energético.

Editorial
El nuevo Plan en Energías Renovables 2005-2010, aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros de España, prevé una inversión global de 23.598 millones de euros en el periodo de referencia para conseguir que el 12,1 por ciento del consumo de energía primaria en España proceda de fuentes renovables.

Pero si se lo estudia en detalle este plan es un timo. Según informó el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el 77,1 por ciento del coste global del Plan, que equivale a 18.197 millones de euros, “será financiado por las empresas afectadas”, lo cual es un eufemismo para ocultar que ese dinero no saldrá de las empresas sino de los consumidores.

En efecto, la tarifa eléctrica tendrá un incremento adicional del 0,6% al año por el cumplimiento del plan, de lo que se desprende que el grueso de los 23.598 millones de los usuarios pagarán más por el sobreprecio de las energías no contaminantes. En otras palabras, es un impuesto encubierto para que las empresas no tengan que asumir inversiones de riesgo.

También el plan estipula que el “20 por ciento (4.719 millones de euros) provendrá de promotores -compañías constructoras y tecnológicas que participen en los proyectos”. Hasta el momento el Gobierno socialista no ha explicado por qué las empresas se verían tentadas a invertir en energías renovables, salvo que se decidan a ir por la repesca de las ayudas públicas a fondo perdido que ascenderán a 680 millones, el 2,9 por ciento del total, dinero que no está de mal recordarlo, también saldrá de los usuarios.

Los problemas de tener un presidente “antinuclear” -como se ha autoproclamado en otras oportunidades Rodríguez Zapatero- nos condena a los usuarios españoles a carecer de un energía limpia y eficiente como la que proveen las centrales nucleares y a costear con nuestros bolsillos costosas energías en fase de experimentación que, aunque nadie les niega su promisorio futuro, no están todavía preparadas para satisfacer la demanda energética actual.

En definitiva, este Plan no es otra cosa que un impuesto encubierto que deberán soportar los contribuyentes españoles diseñado por los genios antinucleares de la Moncloa, decididos a no aplicar en serio un sistema de precios para el sector energético. Al igual que los EEUU, España comete un gravísimo error al recurrir a políticas intervencionistas –precios máximos, regulaciones y más impuestos solapados- que a largo plazo empobrecen y que terminarán por agravar el problema que ya padecemos: la escasez de energía.