Por primera vez la justicia argentina dice que los delitos de la guerrilla de extrema izquierda son de lesa humanidad.

Por primera vez en democracia

Claudio Palacín, fiscal general de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, solicitó a la justicia argentina investigar el asesinato a manos de la guerrilla del coronel Argentino del Valle Larrabure, ocurrido en 1974.

El crimen fue cometido durante la presidencia constitucional de Isabel Martínez de Perón por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), un grupo guerrillero trotzkista. Sus responsables podrían ser juzgados por secuestro, torturas y muertes.

 

En su dictamen, el fiscal sostuvo que el ERP cometió en los años 70 “delitos de lesa humanidad”. En este marco, Palacín promovió una acción penal por el asesinato del coronel Larrabure, presuntamente ahorcado por ese grupo guerrillero.

El caso del coronel Larrabure constituye el primero en la Argentina en el que un delito de una organización ajena al Estado es tipificado de esta manera.
 

Palacín impulsó la investigación contra el ERP por entender que el paso del tiempo no obstruye la posibilidad de atribuir responsabilidades penales por hechos ocurridos hace más de tres décadas.

 

La acción tiene dos puntos muy importantes: uno, que por primera vez en la historia argentina ex miembros de los grupos terroristas de extrema izquierda serán citados a declarar, y dos, que se consideren sus actos como un crimen de lesa humanidad, a pesar de no haber sido perpetrado por organismos del Estado.

 

El coronel Larrabure fue secuestrado, torturado y ahorcado por el ERP en 1974 durante el copamiento a la Fábrica Militar de Villa María, en la provincia de Córdoba. Estuvo cautivo durante 372 días en un sótano y luego fue ahorcado.

Cuando su cadáver fue encontrado, el coronel pesaba 47 kilos menos, y mostraba signos evidentes de haber sido reiteradamente torturado mediante el pasaje de corriente eléctrica.

 

El pedido de declaración de “crimen de lesa humanidad” fue propiciado por el hijo del coronel asesinado. Es la misma calificación que permitió reabrir cientos de causas contra miembros de las Fuerzas Armadas y declarar inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

 

El planteo fue llevado a la justicia argentina por Arturo Larrabure –hijo del coronel asesinado- quien denunció que las víctimas del terrorismo guerrillero son constante objeto de un tratamiento discriminatorio violatorio del artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto prescribe que todas las personas tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

 

“En la raíz de tantos horrores hay una lógica de violencia que olvidó el sagrado valor de la vida. Es necesario extirparla. Plantear la reconciliación sin impunidad, como lo hace el presidente Kirchner cuando el terrorismo guerrillero queda impune, y exalta sus actos como heroicos, sólo puede contribuir a reavivar los odios y reiterar el drama”, sostuvo tiempo atrás el hijo del militar asesinado.

 

“Mi padre fue privado arbitrariamente de su libertad; torturado y asesinado luego de ser sometido a condiciones de detención infrahumanas. Cada uno de estos hechos está contenido en el art. 7 del Estatuto de Roma como tipificante de un crimen de lesa humanidad”, señaló el hijo del coronel Larrabure.