En nuestro país pareciera que nos conducimos hasta una sociedad dual, donde coexisten una economía moderna integrada al mundo, competitiva, con otra informal, fuera del alcance del estado, e imposibilitada de crecer y expandirse.

Esto tiene graves efectos no solo económicos, sino en términos de cohesión social, reducción de la pobreza y igualdad de oportunidades. República Dominicana figura entre los países de mayor proporción de informalidad, superada en la región solo por Paraguay, Haití, Honduras y Nicaragua que tienen mas de un 55% de se economía en la informalidad.

 

Con el aproximadamente 45% de su economía sumergida en la formalidad, nuestro país representa un sector ajeno a la economía regulada. Una situación riesgosa porque puede extenderse a otros sectores de la economía, degradando las condiciones de masas de trabajadores dominicanos, dejando el estado sin medios para operar y creando un circulo vicioso que obligaría al gobierno a aumentar todavía mas la presión fiscal para cubrir su presupuesto.

 

El problema de raíz, según algunos expertos, es la existencia de actividades difíciles de controlar, diseminadas, dispersas y atomizadas. Generalmente, no se encuentra economía informal en los bancos, o las multinacionales, sino más bien sectores como la construcción, y los micro-empredimientos.

 

Sin embargo, otros atribuyen el fenómeno al exceso de intervención del estado en la economía local. Es decir, muchos emprendedores y trabajadores simplemente no pueden ingresar a la economía formal porque esa impone sobre las sociedades latinoamericanas un costo tan oneroso que resulta impagable para los individuos y los empresarios con bajos ingresos. Es decir, las principales causas de la económica informal serían la elevada presión fiscal y el exceso de regulaciones.

 

Como sostiene Alvaro Vargas Llosa es su último libro “Lessons from the Poor: the Triumph of Entrepreneurial Spirit”, publicado en Mayo de este año, “los obstáculos legales y regulatorios generan enormes dificultades para que nuevos emprendedores prosperen en países con gobiernos altamente intervencionistas en la economía. Por ejemplo, en Kenya el registrar una nueva sociedad toma 73 días, y lanzar un negocio otros 53. En esta situación, pequeños y medianos empresarios prefieren comercializar sus productos fuera de la economía formal. Pero como no son reconocidos, no puede acceder a crédito ni recibir inversiones y por lo tanto su movilidad y expansión es muy limitada”.

 

Los sectores donde mas abunda la informalidad son el de la construcción, y los pequeños y medianos comerciantes. El caso de los vendedores ambulantes en America Latina es muy demostrativo del fenómeno. En todos los países de la región se observan comerciantes en las calles, para los cuales el costo de la legalidad, es decir, de la formalidad de registrar sus emprendimientos, cumplir con todos los requisitos de las burocracias gubernamental, pagar los altos impuestos y en muchos casos agravado por la corrupción de los funcionarios públicos, les haría imposible tener un negocio rentable.

 

Como señala David Dollar, Director del Banco Mundial, “el tamaño de la economía informal de un país es un claro indicador de la solidez de las instituciones y políticas de un país. En un ambiente distorsionado, de excesiva regulación, corrupción, falta de infraestructuras e instituciones que funcionen efectivamente, todo permanece informal, lo que impide que pequeños y medianos emprendedores puedan crecer económicamente”.

 

Es decir, el fenómeno de la economía informal presenta una complejidad enorme para los gobiernos de la región, y en particular para el de nuestro país. Un estado que realmente llegue a todos los ciudadanos no puede permitir altos niveles de economía informal, que significa que centenares de ciudadanos no gozan de los derechos laborales básicos, y muchas pequeños emprendimientos, que podrían contribuir fuertemente al desarrollo económico y a la generación de empleo, no pueden crecer debido a que se encuentren fuera de la ley formal. Sin embargo, no es un mayor control legislativo o policial la solución del problema, aunque en algunos casos marginales sea el caso, sino una economía donde el marco regulatorio es claro, simple, y no sobrecarga al sector empresarial. Una economía donde el sistema judicial funciona, y todos son iguales frente a la ley.

 

Desde el Congreso hemos impulsado algunas iniciativas en estas líneas. Pero no es suficiente, debemos trabajar coordinadamente con el poder ejecutivo y judicial para avanzar con mayor rapidez en reducir el sector informal de nuestra economía. Los trabajadores dominicanos, y la economía general así lo requieren.