La afluencia masiva de inmigrantes y la descompensación fiscal ponen al sistema al borde del colapso

Editorial

La propuesta del Gobierno socialista a las comunidades autónomas españolas de subsanar el déficit de la financiación sanitaria con un incremento del 10% en los impuestos sobre alcohol y tabaco, y hasta la posibilidad de subir hasta dos puntos el que grava la electricidad, ha ocasionado un verdadero revuelo sobre algo que se sabía: la sanidad pública está bancarrota y que el bienestar no sale gratis ni lo regalan los políticos.

¿Por qué el problema surge ahora? Sucede que en España la sanidad pública tuvo que enfrentar la llegada en pocos años de decenas de miles de inmigrantes que gozan, una vez pisado suelo español, de cobertura sanitaria gratuita. Además del  incremento exponencial de los inmigrantes, -problema agravado por este Gobierno luego de la última regularización- resulta ser que no siempre esos extranjeros son emigrantes que se establecen a trabajar y pagar impuestos en España sino son ciudadanos de otros países que vienen a recibir tratamientos complejos y prolongados.

A esto hay sumar que el sistema de salud público está inmerso en un descontrol del gasto, con un déficit insostenible y un exceso de mano de obra ineficiente que ha acabado agobiando a los mejores profesionales médicos del sector. 

Lo que ahora se demuestra es la sanidad pública no sale “gratis”: cuesta, es cara y brinda un servicio deficiente. El hecho de no pasar por ventanilla al entrar a un centro médico no significa que su enorme costo no se diluya entre toda la población. Es hora de asumir que esta situación crítica se venía anunciando desde hace mucho porque el despilfarro sanitario y farmacéutico –como en otras áreas del sector público español- era patente.