Tomando el ejemplo de otros en la región, Rafael Correa intenta reformar la Constitución de Ecuador para poder ser reelecto en su cargo de presidente.

Emilio Cárdenas

Una de las características comunes de la estrategia que -de inicio- ponen en marcha los gobiernos de la alicaída izquierda radical latinoamericana -disfrazados como se sabe de “bolivarianos”, pero en realidad marxistas- es la de tratar de “reformar” las constituciones de sus respectivos países, de manera de obtener prioritariamente la posibilidad de ser re-electos y concentrar al máximo el poder en manos de los Ejecutivos, como nunca en la historia reciente.

El caso de Venezuela

Así lo hizo-en primer lugar- la Venezuela de Hugo Chávez. Un año después de su primer gran triunfo electoral, una Asamblea Constituyente redactó -en 1999- una nueva Constitución que resultó aprobada por el 71% de los votantes, aunque con la increíble abstención de nada menos que el 55% de los venezolanos autorizados a sufragar, en lo que fue un evidente e histórico error de estrategia política. En esa oportunidad, Chávez logró que se aumentara la duración de su mandato, de cinco a seis años. Además aumentó sus poderes ejecutivos y concentró el Legislativo en una sola Cámara, para hacerlo más “manejable”.

Un tiempo después, Chávez intentó -como se esperaba- obtener su re-elección indefinida. Esto ocurrió el 3 de diciembre de 2007, siendo derrotado en su intento, por escaso margen. En este segundo movimiento, Chávez -ya sin máscaras- predicaba la necesidad de llevar a Venezuela al socialismo del siglo XXI, una mezcla de marxismo, nacionalismo y populismo que el dictador venezolano predica incansablemente, en su casa y más allá de ella, violando constantemente el principio de “no intervención” en los asuntos internos de otros Estados, como si para él la referida pauta de acción sólo jugara a favor, jamás en contra. Un Chávez muy debilitado -por sus fracasos como “compañero de ruta” de las FARC- procura ahora, con pomposas giras exteriores: (i) armarse hasta los dientes; y (ii) mejorar su imagen, lo que no es fácil de lograr cuando ambas cosas se intentan simultáneamente y, menos aún, cuando, durante casi una década, se han acumulado toda suerte de incidentes.

El sueño de Evo Morales

Así lo está intentando también Bolivia, siguiendo prolijamente para ello un “guión” que parece escribirse siempre entre La Habana y Caracas.

En el 2006 comenzó a sesionar en Bolivia una Asamblea Constituyente, que aprobó tramposamente, el 3 de diciembre pasado (violando las normas constitucionales aplicables, así como las reglas de su propia convocatoria), un muy extraño proyecto de nueva Constitución que -de resultar aprobado mediante un referendo- podría llevar a Bolivia siglos hacia atrás y transformarla en un extraño país, oficialmente racista.

Como cabía esperar, la nueva Constitución también permitiría la re-elección indefinida del Presidente, lo que hoy es imposible.

Un debilitado Morales enfrenta ahora las llamadas autonomías regionales, alzadas en todo el oriente de su país, que lo rechaza ruidosamente. El apoyo del mandatario boliviano está concentrado curiosamente en las zonas urbanas, particularmente en El Alto, vecina a La Paz, y en la zona “cocalera” del Chapare. Recordemos que los indígenas bolivianos conforman hoy una población mayoritariamente urbana, que procura incansablemente vivir del Estado, para así paliar su pobreza.

En su enésimo conflicto, Evo Morales procura llevar adelante los referendos revocatorios previstos para el 10 de agosto próximo. Intenta, con ellos, mejorar una imagen cada vez más frágil y deteriorada. Los tribunales electorales de Chuquisaca, Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija han decidido atender los pedidos de suspensión de esos referendos hasta que se aclaren las “dudas” que existen sobre sus alcances.

El empeño de Rafael Correa

De todos los integrantes del “eje bolivariano” que opera coordinadamente en América Latina y responde a Hugo Chávez y Fidel Castro, el ecuatoriano Rafael Correa es probablemente el que mejor engaña a terceros. Por su educación económica en la Universidad de Illinois, que confunde; por su personalidad resbaladiza, que le conforma una suerte de perfil de “predestinado”; por su propio aspecto personal más normal que el de sus pares bolivarianos; y por un discurso con el que procura moderar sus planes reales, de manera de “esconder” el rumbo.

No obstante, también Correa sigue prolijamente el “libreto oficial” e intenta, hasta ahora con buenos resultados, modificar la Constitución de Ecuador. Por supuesto que para poder así prolongar su presencia personal en el poder.

La Asamblea Constituyente acaba de entregar al Tribunal Electoral el proyecto de nueva Constitución para Ecuador. El mismo será objeto de un referendo aprobatorio que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre.

Conforme al proyecto de reforma constitucional, el Poder Ejecutivo se reserva para sí, expresamente, la formulación de la política monetaria; crediticia; cambiaria y financiera, mediante el dictado de decretos-leyes de “emergencia” en materia económica cada vez que el Congreso demore más de un mes la resolución de cualquier cuestión. Con esas patológicas normas se buscará seguramente llevar al país de la mano hacia el “socialismo del siglo XXI”.

Como si ello fuera poco, el Ejecutivo también puede disolver el Congreso si, en su entender, éste obstruye el “Plan Nacional de Desarrollo”, eufemismo grandilocuente que debe entenderse como el diseño del “camino al socialismo”.

De aprobarse, la nueva Constitución permitirá a Correa -reitero- ser re-electo.

Recordemos que, en los últimos años, el Congreso ecuatoriano desplazó a tres presidentes del poder. Al extraño Abdalá Bucarán, en 1997; al poco confiable Jamil Mahuad, en el 2000; y al Coronel Lucio Gutiérrez, en el 2005. Y esto es todo un trauma social que provee a Correa con un “viento de cola” en la búsqueda de sus objetivos.

De la mano de Correa, Ecuador parece estar camino a dejar de lado a los fracasados partidos políticos tradicionales, reemplazándolos desgraciadamente con un partido único, lo cual es una señal alarmante de un rumbo claramente anti-democrático; el impulsado por Rafael Correa.

La nueva Constitución organizaría al país en torno a cinco “poderes del estado”. Los tres tradicionales, más el llamado Poder Electoral y un Poder de Transparencia y Control Social. Salvo el caso del Ejecutivo y del Legislativo, los titulares de los otros tres poderes (incluyendo -increíblemente- el Poder Judicial) serían designados “a dedo” por la Asamblea Constituyente, lo que anticipa que Correa tendrá probablemente una suerte de “suma del poder público”, incluyendo el control del Poder Judicial, lo que es tan grave como audaz y preocupante.

La nueva Constitución no permitirá la renovación del actual acuerdo bilateral con los Estados Unidos, en función del cual este país tiene, en la costa del suroeste del país, en Mantra concretamente una base militar, cuando le venza el acuerdo decenal de cooperación, esto es en noviembre del año próximo.

Desde esa base los aviones norteamericanos cooperan con el gobierno colombiano en los esfuerzos por tratar de erradicar el narco-tráfico y la guerrilla de las FARC y del ELN. No es imposible que Perú ofrezca una alternativa.

Correa, según surge de las computadoras incautadas al tiempo de “darse de baja” al terrorista Raúl Reyes, el segundo jefe de las FARC, parece haber seguido la existencia (no sorpresiva) de algunas cuestionables y ocultas vinculaciones del mandatario ecuatoriano con las FARC. Todo un tema