El presidente de Nicaragua está saldando cuentas políticas, usando excusas sobre blanqueo de capitales, con ONGs y asociaciones de opositores. Es la acusación de Reporteros Sin Fronteras que pone de manifiesto la peligrosa escalada de recorte de libertades que padece Nicaragua, por culpa de un populista que maneja los designios del país

Denuncia de Reporteros Sin Fronteras
La organización de defensa de la libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció en un comunicado que la investigación ordenada por el Ministerio del Interior nicaragüense contra 17 ONG es un “escándalo” y, además, pone en peligro la libertad de expresión y de asociación.

El Gobierno abrió una investigación por “triangulación” y “blanqueo de dinero” contra multitud de organizaciones, pero particularmente contra el Centro de Investigación de la Comunicación y el Movimiento Autónomo de Mujeres.

RSF destacó que “aparte del hecho de que se está instrumentando la justicia para saldar cuentas política, el propio principio de las indagaciones compromete el futuro de la sociedad civil como vector de debate democrático”.

“La polarización, e incluso la guerra mediática practicada en otros países de América Latina hace que corra un gran peligro la integridad física de las personas señaladas públicamente como enemigos de su propia nación”, agregó la ONG, en alusión a los directores de las dos principales organizaciones implicadas y sus habituales críticas a las autoridades.

En este sentido, el presidente Daniel Ortega debería “poner fin a esta campaña y a sus consecuencias en los terrenos administrativo y judicial”.

El Ministerio del Interior publica en su página web que las 17 ONG incriminadas carecen de personalidad jurídica y, por tanto, de estatus legal.

Las acusaciones de blanqueo de dinero que pesan sobre ellas se refieren a un total de 58 acuerdos económicos con otras ONG que sí cuentan con ese estatuto legal y a las que ya se ha multado y podrían incluso sin personalidad jurídica.