Inhabilitan a Martín Vizcarra, suspendido por diez años, no podrá asumir como congresista

Como ocurriera en nuestro propio país, también en Perú hubo altos funcionarios públicos que, aprovechando la influencia que les conferían sus cargos, se vacunaron privilegiadamente y en secreto, postergando así arteramente a quienes, conforme a la ley, tenían derecho a hacerlo antes que ellos.
 
Entre ellos, el ahora ex presidente Martín Vizcaya, a quien el Congreso de su país acaba de decidir (el pasado 16 de abril) prohibir expresamente el ejercicio de cargos públicos por un plazo de diez años.
 
La dura medida disciplinaria referida se tomó a través de una sesión virtual del Parlamento que, tras cinco horas de intenso debate, así lo dispuso, sin que hubiera votos en contra, ni tampoco abstenciones. Vizcarra ahora no podrá ocupar la banca de diputado que obtuvo en la reciente elección nacional peruana.
 
Para Vizcarra, se trata de un “abuso de autoridad parlamentaria” en su contra. No parece, sin embargo, necesariamente serlo.
 
No obstante, Vizcarra acaba de anunciar que apelará su condena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por violación de su derecho de defensa, argumento que obviamente pareciera tener ciertamente algún peso.
 
Además de Vizcarra, otras dos personas que alguna vez integraran el gabinete nacional y fueran, ellas también, “vacunados vip” fueron objeto de sanciones parecidas. Se trata de Pilar Mazzetti y de Elizabeth Astete, ex ministra de salud, la primera, y Canciller del Perú la segunda, respectivamente.
 
Todos los sancionados, cabe aclarar, fueron parte de un grupo numeroso, de unas 470 personas, que recibieron la vacuna que inmuniza contra el coronavirus, en el que aparentemente fuera, por lo menos, un abuso de autoridad bastante evidente.
 
Muy parecido, queda visto, a lo sucedido entre nosotros, que parece haber asestado un golpe bastante duro al peronismo oficialista. En Perú, el sórdido episodio comentado es denominado, gráficamente: “vacunagate”, que incluye asimismo a diplomáticos y a empresarios, que también se “saltearon la cola”, equivocadamente, como diría nuestro asediado presidente, Alberto Fernández, cuya credibilidad e imagen están hoy por el suelo.
 
Vizcarra, recordemos, fue destituido de su cargo presidencial peruano en noviembre del año pasado, con relación a acusaciones de corrupción que, en rigor, se remontaban a la época en que fuera, en su momento, gobernador en la región de Moquegua, emplazada en el sur del Perú.
 
El debate sobre la drástica medida adoptada por el Congreso peruano fue inusualmente acalorado y uno de los legisladores hasta llegó a pedir, visiblemente exaltado, que se fusilara a Vizcarra por la inexcusable tropelía por él cometida en evidente perjuicio de sus connacionales.
 
 
 
(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.