Sucede que hay cierto temor oficial a modificar unos precios tan generosos. En 1989, cuando el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez decretó un alza de los precios locales del combustible, el estallido social –que no fue solo por mantener barata la gasolina– provocó disturbios con cientos de muertos.
 

Tomadas las debidas notas del pasado, lo último que necesita hoy el gobierno de inspiración chavista es aumentar el descontento social, en un contexto ya tenso por la escasez de productos de primera necesidad y las largas colas para conseguirlos. Pero la realidad termina imponiéndose: los precios del petróleo van a la baja, empujados por factores como la reanimada exportación de crudo norteamericano y la sobria demanda de una Europa que no acaba de arrancar. Según cálculos del Wall Street Journal, para equilibrar sus cuentas fiscales, Venezuela necesita que el precio del barril se ubique en los $121, pero los pronósticos no van más allá de los $83 para esta misma semana.

A pesar de la retórica anticapitalista, Venezuela busca acuerdos con grandes inversores externos que ayuden a financiar y actualizar tecnológicamente la industria petrolera
 

Como no puede controlar las circunstancias externas, Caracas tiene que tomar medidas en casa. Y lo va haciendo,sotto voce…
 

Para Caracas, la solución pasa por apurar dos tragos que le son particularmente amargos: uno, modificar los precios del combustible en el mercado local, y otro, buscar la compañía de grandes inversores externos que ayuden a financiar y actualizar tecnológicamente la industria petrolera. La compañía estatal PDVSA está golpeada precisamente por el déficit resultante de “regalar” la gasolina durante décadas, además de por la sangría constante de recursos para programas sociales realmente necesarios o para “misiones” nacidas de las ocurrencias del gobierno, costeadas directamente por PDVSA.
 

Según The New York Times, uno de los acuerdos ya adelantados con una gran compañía del sector, la estadounidense Chevron, afectaría a la soberanía petrolera venezolana en puntos que el sector chavista más a la izquierda consideraría concesiones inadmisibles.

Chevron ha acordado un préstamo de 2.000 millones de dólares a PDVSA para que esta pueda invertir en la prospección y extracción de crudo en un campo petrolero ubicado en el lago Maracaibo, en el estado de Zulia. Pero ha puesto condiciones, entre ellas la de controlar dónde y cómo se invierte exactamente el dinero, además de la posibilidad de decidir a quiénes contratar para la ejecución de las obras y a qué compañías suministradoras se les compra la tecnología necesaria.

Aún sigue siendo tabú el aumento del precio de la gasolina, que es el más bajo del mundo

Asimismo, para evitarse sustos, la petrolera ha previsto sobre el papel que, en cuanto empiece a comercializarse el combustible, se le pague puntualmente no solo la cifra desembolsada, sino cantidades adeudadas de operaciones anteriores. Además, en caso de disputas, estas se ventilarán en tribunales de Nueva York, bajo las leyes de ese estado. Si Chávez abriera los ojos y viera el panorama…

El tiempo en que Caracas regalaba o subsidiaba el combustible a todos los que lo pidieran o necesitaran, va siendo reemplazado en algunos sitios por la dura época de la objetividad económica. Menos de una década atrás, por medio de Citgo –la filial norteamericana de PDVSA–, el presidente Chávez garantizaba del bolsillo venezolano el combustible para la calefacción de los barrios más preteridos de Boston, Nueva York y decenas de ciudades de EE.UU.. Muchos veían en esto una burda jugada propagandística del chavismo y otros –los destinatarios– la solución a un problema real, del que tanto la Casa Blanca como las compañías energéticas estadounidenses tomaban distancia.
 

Hoy, no obstante, la “joya de la corona” que era Citgo, con su inmensa red de 6.000 gasolineras y tres refinerías en territorio norteamericano, está en venta. Criterios como la caída global de los precios del combustible, la necesidad de efectivo para la economía venezolana –se calcula en más de $10.000 millones su precio de venta–, y la posibilidad real de que algún tribunal decrete la confiscación de sus instalaciones en EE.UU., en respuesta a demandas por deudas contraídas por Venezuela con ConocoPhilips y ExxonMobil, han aconsejado desprenderse de la empresa, y Caracas está escuchando proposiciones.
 

El bajo precio de la gasolina fomenta el contrabando de combustible hacia Colombia
 

Otro consejo que también se escucha para meter en cintura las cuentas del petróleo es el de replantear los términos de funcionamiento de Petrocaribe, el esquema de cooperación por el que varios países del área centroamericana y caribeña se benefician de unas condiciones más favorables al comprar el hidrocarburo. Venezuela les financia el 40 por ciento de la factura, con un período de pago de 25 años y un interés del uno por ciento si el precio del petróleo supera los 40 dólares por barril, si bien puede aceptar que los compradores le paguen “en especie”, con bienes y servicios.

Las pérdidas para PDVSA por este concepto, según fuentes del sector, están entre los 60 y los 100 millones de dólares anuales.

Los absurdos precios locales de la gasolina sí que están en remojo, y hace varios meses que la opinión pública viene preparándose para su inevitable incremento. Una imagen, recreada por un reporte de la BBC, serviría para ilustrar la situación actual: por menos de $100, un coche podría dar la vuelta al mundo por la línea del ecuador, llenando el tanque a los precios a que se vende la gasolina en Venezuela.

Cierta percepción de que “somos un país petrolero, por tanto, tenemos derecho a una gasolina barata”, choca con la realidad de que ningún país puede sostener una industria energética pujante, cuando el litro de gasolina no rebasa los cinco céntimos. De hecho, otro gran productor, Noruega, tiene los precios más altos entre el grupo de países examinados por GPP: $2,38 por litro, pero ha ido disponiendo, con las ganancias del petróleo, un fondo de $800.000 millones para cuando el recurso, finito, se acabe.

En Venezuela, sin embargo, la certeza de que el país posee la mayor reserva mundial de petróleo, que le alcanzará para unos 250 años al ritmo de extracción actual, hace que prime cierta visión de que no está nada mal una gasolina por debajo del costo de producción. No importa que las pérdidas por el subsidio sean de $12.500 millones anuales, ni que las propinas a los gasolineros sean escandalosamente mayores que los dividendos que saca la propia PDVSA en las estaciones, o que se fomente indirectamente el contrabando de combustible hacia Colombia, donde antiguos narcos, hostigados por el cerco gubernamental a su actividad, ven un mejor y más apacible filón en los camiones-cisterna que llegan del país vecino.

Pero se impone la realpolitik. El gobierno de Maduro ha advertido que una eventual subida de los precios se hará de modo coordinado “con el pueblo”, con lo que piensa evitarse el mismo dolor de cabeza que sufrió Carlos Andrés Pérez en su momento,. Sin embargo, la opinión pública no se muestra todavía a favor del alza: una encuesta de Hinterlaces, en junio, cifraba en 44 por ciento a los que no deseaban el reajuste del precio del combustible, pero en agosto ya eran un 53 por ciento los que lo desaprobaban.

Las críticas llegan incluso en forma de amenaza rupturista, como la de Marea Socialista, el sector más radical del oficialista PSUV. “Mucho cuidado. Yo alerto al gobierno”, ha dicho Ismael Hernández, vocero de dicha corriente, quien ha dejado caer, como al vuelo, que “en el 89, el aumento del precio de la gasolina fue el detonante de una revolución”.

Pese a esta poco sutil advertencia desde “filas amigas”, Maduro está forzado a actuar con perspectiva económica. Solo queda por ver cuándo.