El Doi Moi (renovación), versión vietnamita de la apertura reformista de Deng Xiaoping en China, ha empezado a ir mal. La economía se resiente de la mala gestión y las prácticas corruptas. A las protestas de activistas se suma el descontento popular por expropiaciones de tierras de cultivo. El régimen responde con un aumento de la represión.

Las reformas de los años noventa hicieron rugir a la economía vietnamita como un tigre asiático, con tasas de crecimiento superiores al 10% anual. Fue la consecuencia inmediata de aflojar el corsé colectivista que aprisionaba las energías de la gente. Por ejemplo, en cuanto se dio a los campesinos la gestión de las explotaciones agrícolas, hace veinte años, la productividad comenzó a aumentar. El nivel de vida subió muy rápidamente, y gran parte de la población salió de la extrema pobreza.

Capitalismo comunista

Pero en los últimos años el experimento ha empezado a ir mal, aunque el crecimiento no ha bajado del 4%, nivel que sería muy bueno en un país rico. El caso muestra las limitaciones y defectos de la fórmula de economía de mercado tutelada por el Estado socialista. Son males que se pueden ver igualmente en China, si bien allí la cuenta de resultados es muy favorable.

En Vietnam, la ineficacia y la corrupción han roído el desarrollo económico desde que en 2006 el primer ministro Nguyen Tan Dung, aún en el cargo, impulsó una especie de capitalismo a la coreana, centrado en grandes grupos industriales, pero del Estado, que hoy suponen el 40% del producto nacional. Atrajeron inversiones extranjeras, y los directivos, elegidos entre gente próxima a la jerarquía comunista, aprovecharon la liquidez para extender las empresas a negocios para los que no estaban adaptadas, para especular en Bolsa y en el mercado inmobiliario, y a veces para favorecer a compinches o llevarse buenas tajadas.

Lo mismo sucedió en los bancos, que con créditos fáciles financiaron la expansión imprudente de las empresas estatales, favorecieron una burbuja inmobiliaria y el enriquecimiento de gente bien situada en el Partido, sin que hayan faltado casos de ejecutivos corruptos. El Banco Estatal de Vietnam calcula que el volumen de préstamos incobrables es del 8,8%; estimación probablemente demasiado optimista, pero aun así la más alta del sureste asiático.

La crisis de los bancos ha causado el cierre de varios pequeños y de un número mayor de empresas que se han quedado sin crédito. Para los enfermos de gran tamaño, el gobierno impulsa la reestructuración. En el sector bancario, mediante absorciones o fusiones: según el Banco Estatal, bastaría con que hubiera 25 entidades en vez de las 40 que quedan. En el industrial, amputando excrecencias superfluas y reprogramando la deuda.

Corrupción endémica

Estos quebrantos traen un plus de consecuencias políticas porque no se deben solo a incompetencia. Entre septiembre y enero pasados fueron detenidos el presidente y otros cuatro directivos del banco estatal Agribank, acusados de malversación y apropiación indebida, por un monto total de 7 millones de dólares. Por motivos similares fue detenido también el presidente de otra gran entidad, Asia Commercial Bank. Hace poco más de un año fue condenado a prisión el expresidente de una de las mayores industrias estatales, Vinashin (astilleros), que en 2011 casi se hunde bajo una deuda de unos 4.000 millones de dólares y el vencimiento de un crédito de 600 millones. Caso gemelo es el de Vinalines, la naviera de propiedad pública, aplastada por pérdidas superiores a 80 millones de dólares en dos años.

Pero la corrupción no se limita a tales casos notorios: es endémica. Vietnam ocupa un puesto muy bajo (123 de 176 países) en el índice de corrupción elaborado por Transparencia Internacional. El año pasado, una encuesta de la Cámara de Comercio e Industria decía que la mitad de los empresarios reconocen haber pagado sobornos para obtener contratos. El Partido ha acabado reaccionando creando un organismo, la Comisión Central de Asuntos Internos, para hacer limpieza en sus cuadros.

Incautación de tierras

Aunque el gobierno haga alarde de mano dura con los corruptos, el pueblo no lo exculpa. Los reveses económicos se toleran peor después de conocer mayor prosperidad. Y el mismo régimen aumenta el malestar con abusos como incautaciones de terrenos, que han provocado –al igual que en China– indignación popular.

El Estado sigue siendo propietario de todo el suelo, pero en 1993, tras un desastroso experimento de colectivización, dio a gran parte de los campesinos el usufructo de las tierras de cultivo por veinte años. Cuando se hinchó la burbuja inmobiliaria, las autoridades locales empezaron a quitar parcelas a los agricultores, a cambio de compensaciones muy pequeñas, para destinarlas a promociones inmobiliarias por mucho más dinero. Aunque después los precios han caído, las expropiaciones continúan en la periferia de las grandes ciudades, donde la diferencia entre la indemnización y el valor de mercado es muy alta.

Esta práctica ha desatado lo más próximo a un levantamiento popular que ha conocido el régimen de Hanói, con casos de resistencia por la fuerza. El gobierno ha castigado con dureza a algunos rebeldes, pero la opinión pública está con ellos. Ha empezado a haber más suavidad, y en un caso, reprimenda a los funcionarios responsables de la incautación. 

Este año vence la concesión del usufructo, y la Asamblea Nacional (parlamento nominal) debe decidir qué hacer. Es probable que la extienda a cincuenta años; en todo caso, nadie cree que se restaure la colectivización. Habrá que definir bien las justificaciones legales para expropiar, ahora tan vagas que admiten todas las arbitrariedades. Según una encuesta del Banco Mundial, los vietnamitas consideran el organismo que administra el suelo el segundo más corrupto del país, después de la policía de tráfico.

Descontento popular

Todo eso ha extendido el descontento en la población, de manera que las críticas al régimen ya no son solo provincia de disidentes. En los dos últimos años se han hecho más numerosas y atrevidas, también porque mucha gente está mejor informada gracias a Internet, que permite esquivar el monopolio estatal de los medios de comunicación, por más cuidado que el gobierno pone en censurar la red.

Por su parte, el régimen ha reforzado la represión, que en parte cada vez mayor se dirige a los blogueros. El año pasado fueron encarcelados cinco jóvenes católicos de la provincia de Nghe An que habían protestado mediante blogs, manifestaciones pacíficas y reparto de propaganda en defensa de las propiedades de una parroquia y de otras causas.

Retroceso en libertad religiosa

El ejercicio o la reclamación de libertad religiosa es uno de los motivos más frecuentes de represión. Y últimamente, la situación ha empeorado, según los últimos informes anuales de Human Rights Watch y de la Comisión de EE.UU. sobre Libertad Religiosa en el Mundo. La Ordenanza sobre Religión y Creencias, de 2004, supuso una mejora significativa, pues permitió el reconocimiento legal de las organizaciones religiosas. Pero en enero de 2012, el gobierno aprobó un nuevo decreto de aplicación, en sustitución del vigente desde 2005, que en distintos aspectos constituye un retroceso considerable. Exige 20 años de aprobación oficial, no simplemente de presencia en el país, para que una entidad religiosa pueda obtener estatuto legal definitivo; medida a todas luces dirigida contra los grupos independientes que han florecido en los últimos años, en particular protestantes o budistas. También hace más difícil que las comunidades locales de fieles se unan para formar una organización de ámbito nacional.

Por lo demás, el decreto es meticuloso poniendo condiciones para la formación y nombramiento de ministros, la restauración de templos y otros muchos pormenores. En palabras de los obispos católicos, hace de las confesiones religiosas “pordioseros permanentes”, obligadas a pedir permiso para casi todo.

Además, la ley de propiedad colectiva de la tierra se usa para privar de terrenos a las comunidades religiosas. Y delitos imprecisamente definidos en el Código Penal sirven para reprimir las actividades religiosas. Los dos informes citados consignan recientes procesos y condenas contra creyentes de distintas confesiones por “intento de subvertir el poder popular”, “perturbar el orden público”, “resistencia a un agente de la autoridad” y cargos semejantes. A 22 miembros de una organización budista se les impusieron penas de 12 años a cadena perpetua; una pastor protestante fue condenado a cinco años; etc. También hubo agresiones el año pasado: a un orfanato católico cercano a Hanói y al sacerdote que lo dirigía; a católicos de la diócesis de Con Cuông a los que no se permite tener iglesia y que intentaban reunirse para el culto; etc.

Proyecto de reforma constitucional

La Iglesia católica (segunda confesión del país, después del budismo, con unos 5,7 millones de fieles, el 6,6% de la población) es una de las comunidades religiosas con reconocimiento oficial definitivo. La jerarquía goza de la independencia imprescindible; poco antes de su renuncia, Benedicto XVI nombró un obispo auxiliar. La libertad religiosa que tengan de hecho los fieles, como ocurre con los demás creyentes, depende mucho de la actitud de las autoridades locales; en general hay más restricciones en el campo que en las ciudades.

Últimamente la Iglesia está haciéndose oír más a propósito del proyecto de reforma constitucional que ha emprendido el régimen. Se abrió un plazo de consulta pública, y la Conferencia Episcopal elaboró su dictamen, fechado el 1 de marzo. Los obispos señalan los principales defectos del texto, empezando por el más básico: no reconoce realmente los derechos humanos, sino que los supedita al interés del Partido Comunista, identificado con el de la nación. Pero, añaden, la instauración oficial de la ideología marxista-leninista es incompatible con la libertad de expresión, y además “ha paralizado el espíritu de iniciativa de los vietnamitas”; es también “la principal causa del actual estancamiento del país y de su retraso en numerosos campos: educación ciencia, industria, cultura y arte”. Y el régimen de partido único es contrario al Estado de Derecho y a la división de poderes.

El diagnóstico de la Conferencia Episcopal coincide sustancialmente con el publicado el mes anterior por un grupo de intelectuales. Hace unos días se dio a conocer otra crítica al proyecto, firmada por siete personalidades de cinco confesiones religiosas: dos de diferentes ramas del budismo, un representante del caodaísmo (credo sincretista fundado en Vietnam hace cerca de un siglo), dos pastores luteranos y dos sacerdotes católicos.

Estos juicios subrayan lo que sugieren los fallos del Doi Moi en el terreno económico: reformar el comunismo no es suficiente; es preciso abandonarlo.