La violencia desatada este fin de semana tras la decisión del presidente Evo Morales que aprobó la estructura para una nueva Constitución en Bolivia, a la fecha suma un lamentable saldo de cuatro muertos.

Tras la aprobación de nueva constitución

José Luís Cardozo, un joven que cayó en coma tras los violentos incidentes desatados el fin de semana en Bolivia, murió hoy, elevando a cuatro la cifra global de muertos en la ciudad boliviana de Sucre.

Cardozo, es la cuarta víctima producto del enfrentamiento con la Policía y se suma a la de los civiles Gonzalo Durán y Juan Carlos Cerrudo y el policía Jimmy Quispe, que sufrieron heridas letales durante las manifestaciones que tuvieron lugar el fin de semana tras la aprobación por parte de la Asamblea Constituyente de la estructura de una nueva Constitución para Bolivia, que evidentemente no recoge las demandas de los pobladores de Sucre.

El presidente Evo Morales validó este domingo la Constitución, aprobada en general en la Asamblea Constituyente por la mayoría oficialista y algunos aliados. Este hecho desató nuevos episodios de tensión y violencia entre fuerzas opositoras y estudiantes de la Ciudad de Sucre, que se oponen a la nueva normativa constitucional.

Al respecto, el mandatario Morales señaló que los acontecimientos de Sucre “fueron manipulados por grupos oligárquicos y neoliberales que no quieren cambios. Algunos grupos no aceptan que un indígena sea presidente, ese es el tema de fondo. Esos grupos han dicho que van a desgastar al indio. No aceptan que los pobres también podamos gobernarnos”, dijo el presidente de Bolivia.

Sucre, que este lunes recupera lentamente la calma, fue escenario el sábado y domingo de violentos enfrentamientos entre pobladores y fuerzas de la policía, tras la decisión de la Asamblea Constituyente (integrada casi completamente por el oficialista partido MAS), de aprobar la estructura de una nueva Constitución y que no recoge las demandas de sus pobladores.

Esta ciudad colonial, donde Bolivia se fundó como nación en 1825, demanda a la Asamblea Constituyente un artículo que le permita recuperar las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, perdidos en una guerra civil a fines del siglo XIX.