Una de las más serias amenazas actuales a la libertad de prensa en buena parte de América Latina es la conformación de los llamados “multimedios” estatales (a los populistas les gusta llamarlos “públicos”) compuestos de estaciones de radio y televisión, así como de diarios y revistas que, a cambio de subsidios y publicidad oficial distribuida sin pautas objetivas.

Caprichosamente aplauden sin descanso al gobierno de turno, exageran sus logros, disimulan sus errores y contribuyen a consagrar su impunidad y a influenciar permanentemente a la opinión pública, a favor del gobierno que, entonces, luce infalible.

Lo grave es que esto se hace a cara descubierta y con los dineros de todos, esto es con fondos obtenidos de los respectivos Tesoros Nacionales. Algunos medios de esos enormes conglomerados, con frecuencia monopólicos, son de propiedad del Estado, pero muchos son, en los hechos “alquilados”, esto es medios privados que se prestan a apoyar al gobierno sin mayores límites a cambio de una gruesa rentabilidad asegurada por la recepción regular de las pautas publicitarias oficiales. Escandaloso, pero real.

El caso argentino es absolutamente paradigmático. De julio de 2009 a junio de 2015, la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo argentino repartió, a su entero gusto y paladar, nada menos que unos 6.578 millones de dólares. Esto es, unos 700 millones de dólares anuales. O unos 10 millones de dólares mensuales cuyos destinatarios fueron sus corifeos y aplaudidores.

Pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentenciado que ese repudiable festival de “manga ancha” debe repartir sus dádivas con criterios objetivos, ello no ocurre. Los Kirchner nunca acataron los fallos de la Corte Suprema de su propio país; ni los laudos arbitrales del Mercosur; ni, es público y notorio, los fallos condenatorios dictados por los tribunales extranjeros. Nada. Les importaron un bledo.

En la lista de beneficiarios de ese sistema perverso, recientemente hecha pública por el matutino La Nación, hay realmente de todo: ciertamente medios y periodistas, pero también peluqueros de los políticos, choferes, “asesores” de distinto tipo (seguramente ágiles al momento de pagar “retornos”), sindicalistas y muchos parientes, de distinto grado. A nombre propio y a través de todo tipo de empresas de su propiedad, muchas de ellas, de papel, sin activos, ni demasiado personal.

Esos enormes números tan sólo incluyen, por lo demás, los fondos que se pagan desde el Poder Ejecutivo, a los que hay que agregar (porque no se han computado) aquellos que conforman la masa publicitaria de las enormes empresas del Estado argentino. Como la petrolera oficial: Yacimientos Petrolíferos Fiscales; la enormemente deficitaria Aerolíneas Argentinas; la AFIP, esto es la entidad que fiscaliza  los tributos; y la Anses, que está encargada de la previsión social, o sea de los jubilados y pensionados. Cada una de ellas tiene un gigantesco presupuesto publicitario individual, más o menos opaco.

Con estos mecanismos los gobernantes demonizan, amenazan, confunden, disimulan, atacan, engañan, o sea juegan con la buena fe de la gente. En algunos casos con disimulo. En otros con verdadera brutalidad. Casi sin límites.

Este es un fenómeno que debería estudiarse. Y ciertamente regularse, con límites precisos por sobre los cuales no se debería poder gastar en publicidad los dineros públicos para conformar lo que, a veces, es una verdadera máquina de aplaudir y, otras, una máquina de sembrar el odio y promover los enfrentamientos, como ha lamentablemente ocurrido en la República Argentina durante los mandatos de los dos esposos Kirchner. El país está enfrentado, dividido, fracturado y repleto de resentimientos, que los políticos explotan para su beneficio. Perversamente. Y la gente, en general, no sabe o no advierte que lo antedicho está ocurriendo, ni la enorme gravedad de sus efectos.

Gracias a Dios y al coraje del pueblo argentino la larga y oscura década de los Kirchner parece estar pronta a terminar. De su perversidad hay que aprender lecciones como la referida, de modo de desterrarlas, por el inmenso daño que hacen a la democracia.

Emilio J. Cárdenas es ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.