La Argentina ha cambiado de posición y ello debería desembocar en una vía consensuada con las víctimas.

Durante los dos recientes gobiernos de los esposos Kirchner, la Argentina se transformó en una suerte de lamentable país-refugio para algunos terroristas escapados provenientes de distintas partes del mundo. Hasta algún conocido integrante del ETA encontró entre nosotros un espacio para eludir temporalmente sus graves responsabilidades.

No era de extrañar, en ambos gobiernos se desempeñaron en muy altos cargos (de toda índole) distintos ex integrantes de los movimientos guerrilleros marxistas que asolaran (hasta ahora impunemente) a la República Argentina todo a lo largo de la triste década de los 70, cometiendo miles de crímenes de lesa humanidad en abierta violación de la Cuarta Convención de Ginebra, aplicable a los conflictos armados internos.

En ese extraño escenario, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a través de un organismo con jurisdicción específica en la materia, concedió al ex líder guerrillero chileno Galvarino Segio Apablaza Guerra (en el año 2010, después de seis años de haber sido apresado en la Argentina) la condición especial de “refugiado”. Así pudo eludir la extradición que requería Chile por su presunta responsabilidad penal en la autoría intelectual del asesinato del Senador chileno (de la Unión Demócrata Independiente) Jaime Guzmán Errázuriz, y en el secuestro extorsivo del Señor Christian Edwards del Río.

Apablaza Guerra había sido en su momento entrenado en Cuba y Nicaragua y tenía pedido internacional de captura desde el 2001. La compañera de Apablaza Guerra trabajaba en ese entonces en la Presidencia, muy cerca de Cristina Fernández de Kirchner. Hablamos de la periodista chilena Paula Chahín, empleada de la Secretaría de Medios de la Nación.

Ante ello, algunos de los familiares de quienes habrían sido víctimas del presunto accionar del mencionado Apablaza Guerra se presentaron formalmente ante la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos” denunciando, con razón, que la decisión del gobierno argentino de no extraditar a Apablaza Guerra, concediéndole en cambio el carácter de “refugiado” violaba la obligación de investigar violaciones graves de los derechos humanos del gobierno argentino, así como el derecho de las víctimas de esas violaciones y de la sociedad argentina de conocer la verdad de lo sucedido.

Asimismo sostuvieron que el Estado argentino había efectivamente privado a los familiares de las víctimas la posibilidad de tener un proceso judicial sustanciado en un plazo razonable y con todas las garantías del debido proceso. Lo que ciertamente suponía una denegación de justicia, posición con la que es muy difícil disentir.

Requerida por la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, la Argentina debió responder. Y lo hizo con un gesto sorpresivo. El de (reservando expresamente todos sus derechos a formular su descargo íntegro) proponer expresamente a los peticionarios la apertura de un “espacio de diálogo”, tendiente a arribar a una “solución amistosa” del asunto. Lo que supone, entre otras cosas, estar dispuesto a conversar sobre la posibilidad de revisar el carácter de “refugiado” de Apablaza Guerra y sobre los muy poco serios argumentos utilizados en su momento para conferirle esa protección.

Como actitud, muy distinta a la de los dos gobiernos anteriores. Amistosa. Positiva. Digna. Más aún, realmente esperanzadora acerca de que pueda encontrarse una fórmula para descubrir la verdad y asignar las responsabilidades respecto del caso penal investigado en jurisdicción chilena.

El respetado especialista Claudio Grossman asesora a las víctimas chilenas y a sus familiares en su presentación ante el organismo interamericano. Desde el 2012. Con razón, al explicar las opciones que el proceso supone, Grossman señaló que “en la Argentina no se ha logrado despolitizar el tema de los Derechos Humanos”. Es así y es por eso precisamente que existe el referido rincón de impunidad que todavía hace que los crímenes de la guerrilla marxista en la Argentina no hayan sido objeto de examen judicial a la luz de la referida Convención de Ginebra. Lo que genera responsabilidad internacional para el Estado argentino.

Habrá que esperar, pero parecería que -tarde o temprano- el “status quo” que hoy beneficia a Apablaza Guerra podría dejar paso a algún camino alternativo que desemboque en que, como todos, deba asumir las responsabilidades que le pudieran corresponder.

La Argentina ha cambiado de posición y ello debería desembocar en una vía consensuada con las víctimas de los crímenes investigados, que permita conocer la verdad y hacer justicia.

 

Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas