Paraguay, ciertamente un miembro pleno de MERCOSUR, se opone abiertamente a que la presidencia de la organización pase ahora a manos de Venezuela. No la acepta.

Su canciller, Eladio Loizaga, es en esto meridianamente claro. Ocurre que Paraguay se apega con justeza a las normas fundacionales y constitutivas del MERCOSUR. Además, seguramente no olvida la humillante e ilegal suspensión que le fuera impuesta -de manera inconsulta- cuando al tiempo de removerse constitucionalmente al entonces presidente Lugo se decidiera -arteramente- incorporar a Venezuela al MERCOSUR, en contra de la posición de Paraguay, país que ya entonces sostenía, con razón, que Venezuela no era una democracia. Razón por la cual, Paraguay pide que se convoque ya mismo (con carácter de urgencia) a una reunión de cancilleres del bloque, para así poder considerar el tema, ciertamente delicado.

La transferencia de la presidencia del bloque debió (como sugiere la práctica de la organización) hacerse en una reunión de cancilleres a realizarse en Montevideo, la que fuera suspendida, aparentemente a pedido de Argentina, Brasil y Paraguay.

Es cierto, el Tratado de Asunción, en su artículo 12, dispone que la presidencia del Consejo de Ministros del Mercosur “se ejercerá por rotación de los Estados Partes y en orden alfabético, por períodos de seis meses”. No dice que esa rotación es automática. Pero puede sostenerse que ello quizás se presume. Aunque hay margen para sostener que se requiere un acto formal para dar por terminado un período presidencial y por comenzado otro, distinto.

Lo que sí está bien claro es lo que dispone el llamado Protocolo de Montevideo sobre compromiso de la democracia en el MERCOSUR. Que se aplica no sólo en caso de ruptura del orden democrático, sino también en caso de “amenaza de ruptura” o “de una violación del orden constitucional” (como es el no dejar que funcione la Asamblea Nacional, como lo hace descaradamente Nicolás Maduro) o de cualquier situación“que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.

Hay que ser inmensamente cínico u hipócrita para sostener que Venezuela no está incluida en ninguno de los criterios mencionados que están enumerados nada menos que en el artículo 1º del Protocolo mencionado.

Ante cualquiera de las situaciones antes descriptas lo que corresponde es una reunión de cancilleres para considerar el tema, que es precisamente lo que Paraguay acaba de solicitar. Y, luego, realizar consultas con las autoridades constitucionales (con todas ellas, esto es no sólo el Poder Ejecutivo, por ello el plural utilizado en el texto) del país afectado (diálogo, entonces), buenos oficios y gestiónes diplomáticas. Claro como el agua.

Si lo antedicho fracasa, recién llegaría eventualmente el tiempo de las sanciones y de las distintas medidas expresamente previstas en el artículo 6 del Protocolo. Lo que, por lo demás, debe hacerse en coordinación con las medidas que se apliquen en función de otros instrumentos internacionales (como la Carta de la OEA y su Carta Democrática Interamericana, que ya ha sido invocada en la última reunión del Consejo Permanente de la OEA) sobre la defensa de la democracia y el respeto de los derechos humanos.  

Por esto los dichos del canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, esta vez, están equivocados.

Lo que cabe es convocar a una reunión de cancilleres o lograr que Venezuela se haga voluntariamente a un lado y no asuma la presidencia por orden alfabético. Lo que ha sucedido hasta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando el conflicto de Ruanda que culminara con el genocidio de los “Tutsis”.

La afirmación de Nin Novoa de que en Venezuela hay una “democracia autoritaria” es un error y un horror. Para la historia. Eso no existe, nunca. O hay democracia o hay autoritarismo, lo que no es democracia. Y, finalmente, no es necesario que exista ruptura del orden constitucional para que Venezuela haya dejado de ser una democracia, como hemos visto más arriba.

Nin Novoa invoca caprichosamente el Protocolo de Montevideo, suprimiendo lo que le conviene aunque esté expresamente incluido en su texto. Lo que, naturalmente, no está nada bien. Debe recapacitar y llamar a las cosas por sus nombres, lo que supone decir la verdad, sin tratar de amasarla burdamente a su parecer y circunstancial conveniencia. Así de sencillo.

Emilio J. Cárdenas.
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.