1) En virtud del tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, Colombia ejerce soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La corte reconoció esa soberanía, rechazando las pretensiones revisionistas de Managua, que alegaba que el tratado había sido firmado bajo la ocupación estadounidense y era por tanto inválido.

2) Tampoco tuvo fortuna el gobierno de Daniel Ortega en la pretensión de que la corte dividiera con una línea media la zona en la que las plataformas continentales de ambos países se solapan porque, según los jueces, el demandante no ha probado que tiene derecho a que su plataforma se extienda más allá de las 200 millas náuticas (es sólo si se acepta esa extensión adicional que hay solapamiento con la plataforma colombiana).

3) Por último, y aquí está la manzana de la discordia política, el tribunal fijó una delimitación marítima entre Nicaragua y el archipiélago colombiano, pues esto no forma parte de ningún tratado. Lo hizo corriendo hacia el este la frontera que hasta ahora existía en la práctica, de tal forma que la zona marítima nicaragüense acabó siendo casi tres veces más grande que la del archipiélago aun cuando la costa de Nicaragua es algo más de ocho veces más larga que la de las islas y cayos en cuestión.

Esto último es lo que el tribunal califica de “equitativo” (concepto que el tribunal de La Haya suele aplicar partiendo de la medición del largo de las costas respectivas para luego fijar una frontera que no suponga generar problemas adicionales, por ejemplo afectando a un tercer país, ni una desproporción impráctica o inconveniente). Para los colombianos, que tenían al meridiano 82´ por frontera marítima, lo “equitativo” implica la pérdida de una porción de lo que considera su zona marítima. Además, el fallo deja a un puñado de cayos situados al norte del resto aislados del resto, ya que entre su zona marítima y la de las otras islas se sitúa ahora, según la decisión del tribunal, una porción de la zona marítima nicaragüense.

Desde el primer día, el Presidente Santos, bajo una fuerte presión de la derecha colombiana, especialmente la del sector uribista, ha expresado su indignación por el fallo. Pero aunque había adoptado algunas medidas poco después del dictamen, no fue sino hace unos pocos días que afirmó abiertamente que ese fallo es “inaplicable”. Su argumento es que el ordenamiento legal colombiano sólo permite modificar las fronteras si hay un tratado de por medio, lo que implica que sería inconstitucional renunciar al meridiano 82´ como el lugar del deslinde sin haber firmado antes un acuerdo con Nicaragua. Es por eso que Santos ha insistido en exigir a Daniel Ortega un tratado. El presidente nicaragüense ha aceptado de palabra esta propuesta, sabiendo que en la práctica no hay acuerdo posible antes de que Santos sea reelecto o rechazado en las urnas y de que los colombianos hayan acabado de digerir el bocado que les introdujo la Justicia internacional en el estómago.

¿Qué ha pasado desde el fallo? En realidad, casi nada, excepto gestos pesados para evitar la acusación de debilidad a sólo meses de los comicios. La armada colombiana sigue merodeando por la zona del conflicto y los pescadores colombianos siguen faenando allí, según los testimonios de las propias autoridades locales del archipiélago. Santos ha entregado a la Corte Constitucional de su país la denuncia formal del Pacto de Bogotá que obligó a Colombia a aceptar la jurisdicción del tribunal de La Haya en este caso que se remonta a 2001. La decisión de denunciar el tratado no tiene pretensiones retroactivas, porque eso sería jurídicamente imposible, además de que en cualquier caso los fallos de la corte son inapelables (sólo se puede pedir aclaraciones). Pero se trata de un gesto político que de cualquier manera podría proteger al país de una futura demanda nicaragüense en relación con la plataforma continental.

No puede descartarse esa nueva demanda en la medida en que el dictamen de noviembre de 2012, si bien dejó de lado la pretensión de Managua, lo hizo sobre la base de que ese país no había probado que tiene derecho a una plataforma que se extienda más allá de las 200 millas. Queda con esto abierta la posibilidad de una futura demanda si Colombia no denuncia el Pacto de Bogotá y Nicaragua reúne un material que considera suficiente.

Otros gestos de Colombia incluyen, por ejemplo, el inicio de gestiones diplomáticas y jurídicas para asegurarse de que Nicaragua no explote la reserva Flor de Mar, zona ecológica que en virtud del fallo pasa parcialmente a manos contrarias. También ha emitido el gobierno un decreto que, si bien no añade nada a lo que el ordenamiento colombiano fija ya como zona marítima de este país, tiene la apariencia de una afirmación desafiante. Dicho decreto establece una zona contigua “integral” que une a los cayos que quedan separados del resto por el dictamen de La Haya con las islas situadas más al sur. En el derecho marítimo se reconoce un mar territorial de 12 millas, una zona contigua de otras doce millas y luego una “zona económica exclusiva” hasta el límite de las 200 millas submarinas contadas a partir de la costa. No hay nada que se llame “zona contigua integral”.

En este caso, el problema no es la denominación, sino el hecho de que va en contra del dictamen de La Haya. De hecho, hay otros casos en que los países adoptan, para fines internos, denominaciones que no forman parte de la Convención del Mar. El peruano -se habla de un “dominio marítimo” hasta las 200 millas en la Constitución- es uno de ellos.

¿Hasta dónde puede llevar Colombia, más allá de la gestualidad, su desafío? No muy lejos, pues eso implicaría que Colombia use la fuerza para que Nicaragua acepte que los pescadores colombianos faenen allí indefinidamente o empezar a explotar el petróleo que se encuentre en el subsuelo. Pero, en ese caso, ¿es posible que ambos países firmen un tratado una vez concluida la elección presidencial de mayo próximo?

No parece, a primera vista, imposible. Bastaría que Ortega aceptara dejar que los pescadores artesanales colombianos faenen donde ya pescaban antes del dictamen, se comprometiera a no tocar la reserva de Flor de Mar y renunciara a la pretensión de quedarse con una parte de la plataforma continental colombiana que se solapa con la que, en su interpretación, pertenece a Nicaragua más allá de las 200 millas. Esto permitiría a Nicaragua “vender” a su país y al mundo la idea de que Colombia acabó acatando el fallo y a Colombia afirmar que hizo valer su posición forzando a Ortega a hacer algo a lo que se resistía, incluyendo la garantía del permiso de presencia pesquera indefinida en la zona.

A medida que se acerca la fecha en que Santos deberá anunciar su candidatura a la reelección, el mandatario colombiano va endureciendo su tono o, para decirlo de otra manera, corriéndose a la derecha del espectro. Todos sus potenciales rivales con simpatía popular están situados en la derecha, con la única excepción de Clara López, la candidata de izquierda del Polo Democrático Alternativo. Por ahora, su más fuerte competidor parecería ser su ex ministro Germán Vargas Lleras, aunque Francisco Santos, el ex Vicepresidente de Uribe, mantiene en el sector uribista una posición expectante. Es de suponer que la presión que viene del uribismo obligue a Santos a seguir endureciendo su postura en los temas en los que es más vulnerable, desde la negociación con las Farc hasta la respuesta al fallo de la Corte Internacional de Justicia.

En ese contexto, ningún tratado es posible, porque Nicaragua no aceptará nada que suponga dar marcha atrás en relación con lo que ha ganado en La Haya (que es mucho menos de lo que reclamaba). Puede, si Colombia reconoce la frontera única fijada por el tribunal, hacer concesiones a Bogotá, pero no renunciar al mar sobre el cual ha obtenido soberanía. Santos lo sabe y por ello la exigencia de un tratado apunta en lo inmediato a generar un efecto interno que equivalga a no acatar lo que tarde o temprano Colombia acabará acatando, probablemente a cambio de concesiones hechas por los nicaragüenses.

Para Nicaragua, lo sucedido tiene implicaciones políticas de cierta magnitud: refuerza a un Daniel Ortega que ha logrado apoderarse del espacio político, controlar las instituciones y hacer virtualmente imposible que lo desaloje un competidor en las urnas. Fue reelecto en 2011, en violación abierta del ordenamiento constitucional, mediante una intervención política en la judicatura. Desde entonces todo parece sonreírle, pues sus rivales están empequeñecidos y la empresa privada, con la que ha hecho alianza, está encantada de ganar dinero sin meterse en política, que es la condición para que puedan hacer negocios. El subsidio venezolano y la economía, animada por el “boom” de los “commodities” (a diferencia de otros países centroamericanos, como Costa Rica y El Salvador, las exportaciones de Nicaragua están dominadas por los recursos naturales) le han asegurado unos ingresos que ha usado para mantener una vasta clientela política. El dictamen de La Haya le sirvió, en el inicio de su nuevo período presidencial, para consolidar su imagen interna y acabar de sofocar a la oposición activa.

Es desde esa posición, precisamente, que Ortega se ha permitido gestos aparentemente concesivos con respecto a Colombia, incluyendo la aceptación retórica de la propuesta de Santos sobre la firma de un tratado. La pregunta que flota en el ambiente es si, en esta actitud de Ortega, hay algún nivel de coordinación con Cuba y Venezuela con un ojo puesto en las negociaciones entre el gobierno de Santos y las Farc en La Habana. Los amigos de las Farc no quieren al uribismo de vuelta en el Palacio de Nariño porque ello supondría el fin de toda posibilidad de concesión significativa a la narcoguerrilla colombiana, algo que ven factible bajo un Santos reelecto.

Arrinconar a Santos y contribuir a una victoria uribista en noviembre supondría para Nicaragua también un problema adicional: la posibilidad de que la disputa en torno al dictamen se prolongue y enrarezca. Dados los problemas que arrastra también con vecinos como Costa Rica, Ortega preferiría evitar un exceso de conflictividad en la relación con Colombia.

Publicado en La Tercera