Algo parecido pasa con la popularidad de los presidentes latinoamericanos: en el momento estelar de América Latina, cuando el subcontinente goza, con las conocidas excepciones, de estabilidad democrática y una bonanza derivada de su rol en la producción global, lo previsible y normal, lo “burgués”, sería que los gobernantes reposaran sus egos sobre una rutinaria popularidad. Pero resulta que algo -quizá el surrealismo buñuelesco de la política en el subcontinente- ha desviado el curso de las cosas hacia un enredo de padre y señor mío. Los presidentes suelen ser impopulares y las excepciones son los gobernantes que menos merecen su alta aceptación.

¿Qué es una popularidad normal? Si usamos como referencia los países desarrollados de Occidente, lo razonable es que el desgaste del poder sitúe la aprobación del mandatario o mandataria alrededor del 50 por ciento. Bajar de ese límite implica una noticia de alto vuelo. Cuando Barack Obama, en plena campaña por la reelección, cayó a 49 por ciento, su gente tembló de miedo y sus adversarios salivaron de entusiasmo. La última encuesta de Gallup, que lo acaba de colocar en 39 por ciento, ha causado conmoción en los círculos políticos y en los medios de comunicación en Estados Unidos.

No se diga nada de François Hollande en Francia: el 26 por ciento de aprobación que le da la empresa BVA en el último sondeo ha suscitado un drama político: nunca antes un jefe de Estado había puntuado por debajo del 30 por ciento, límite que sólo se había rozado en circunstancias catastróficas.

Menciono casos marginales en países desarrollados. Repito: lo normal es no alejarse mucho del 50 por ciento, cifra que combina un castigo en los sentimientos del público, por tanto, una erosión de la imagen virginal del inicio del mandato, con un cierto respeto por la institución que el líder encarna.

En buena parte de América Latina, en cambio, lo normal ha pasado a ser estar por debajo del 50 por ciento. La noticia importante ya no es que un gobernante padece una popularidad que se sitúa por debajo de esa frontera, sino lo contrario, es decir, que la supera. Por eso llama mucho más la atención que Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y Mauricio Funes (El Salvador) estén por encima del 60 por ciento que, por ejemplo, la relativa impopularidad de Dilma Rousseff (Brasil), con 38 por ciento según Datafolha, o de Juan Manuel Santos (Colombia), con 41 por ciento según el Centro Nacional de Consultoría, o del propio Sebastián Piñera, con 40 por ciento gracias al reciente repunte.

La impopularidad ha pasado a ser lo normal y “burgués” en nuestros países. Sólo cuando un presidente se desploma muy estrepitosamente hace noticia la impopularidad. Fue el caso de Juan Manuel Santos en medio del paro agrario, cuando, según Gallup, cayó a 27 por ciento por unas semanas. También ha sucedido con Ollanta Humala ahora que GFK lo ha situado en un 24 por ciento que hace de él el gobernante con cifras más bajas en el subcontinente.

Podríamos dividir a los gobernantes, según su popularidad, en tres grupos. Los “populares anormales” y los “impopulares anormales” serían los dos extremos, mientras que los “impopulares normales” estarían en el medio.

Ejemplos de lo primero (“populares anormales”) son los mandatarios de Ecuador, Nicaragua, Bolivia y El Salvador, todos ellos de izquierda y los primeros tres de estirpe populista con distintos grados de autoritarismo. Aunque el dominicano Danilo Medina los supera incluso a ellos, se trata de un mandatario electo hace muy poco tiempo y, por tanto, su caso es distinto.

Ejemplos de lo segundo (“impopulares anormales”) son el peruano, en ciertos momentos, el colombiano y la argentina Cristina Kirchner, cuyos candidatos en la reciente elección legislativa sumaron 31 por ciento contra 64 por ciento de la oposición (salvo el leve repunte de octubre por su problema de salud, en general, Cristina Kirchner se ha situado entre el 30 y el 35 por ciento en meses recientes).

Por último está el tercer grupo, el de los “impopulares normales”. Situados algo por debajo o algo por encima de 40 por ciento, este nutrido grupo va desde Dilma Rousseff (38 por ciento, según Datafolha) hasta Nicolás Maduro (43 por ciento, según Keller) pasando, entre otros, por el panameño Ricardo Martinelli (con 39 por ciento), Piñera (40 por ciento) y, gracias al repunte reciente, Santos (41 por ciento).

Rescato tres cosas de esta clasificación que separa a nuestros gobernantes en “anormales populares”, “anormales impopulares” e “impopulares normales”.

Lo primero es, justamente, lo que está implícito en la última categoría: los presidentes con cifras normales -si se los compara con los dos extremos- son, en realidad, más bien impopulares. Ocurre, sin embargo, que, como el promedio subcontinental es bajo, se ha vuelto normal ser impopular. Si observamos con un poco de distancia las cosas, es obvio que no se trata de cifras buenas: en cualquier parte del mundo, una aprobación que va de los 35 a los 45 puntos implica que una mayoría sólida desaprueba a quien gobierna.

Nos dice mucho de la política latinoamericana el hecho de que estas cifras hayan pasado a ser la norma. Hay, está claro, un desamor creciente en la relación entre los pueblos y sus líderes, y, más ampliamente, entre los pueblos y sus instituciones. A diferencia de lo que es común en el mundo desarrollado, donde la impopularidad suele (con excepciones como las antes mencionadas) estar amortiguada por el respeto a la institución de la Presidencia o la jefatura del Gobierno, en nuestros países ocurre al revés: los pueblos, enajenados con respecto a sus instituciones, concentran en la primera magistratura el rencor contra ellas. Así, los gobernantes sufren una impopularidad que es, en cierta forma, la suma de dos impopularidades: la propia y la prestada, la suya y la de la institución que encarnan.

Lo segundo que rescato de la clasificación anterior es que los más populares son también los más populistas, con excepción de la presidenta argentina, que sin embargo durante muchos años -junto a su difunto marido- se benefició de una popularidad semejante. Puede decirse que esto es reflejo de la vieja tradición populista latinoamericana: los mandatarios que reparten riqueza, mandan en exceso y polarizan la vida política suelen ser populares durante buen tiempo. Pero hay más: la duración de su popularidad tiene que ver con los medios de que disponen. Y pocas veces dispusieron de tantos como ahora. La bonanza de los commodities ha producido una distorsión mayúscula: el impacto de los precios de las materias primas ha borrado temporalmente la frontera entre economías productivas y economías improductivas.

Si medimos la productividad de los países latinoamericanos (usando lo que se conoce como Total Factor Productivity o TFP) en función de qué porcentaje representa con respecto a la de los Estados Unidos, vemos que los países más productivos, como Chile y Costa Rica, han crecido, en promedio, bastante menos, a lo largo de varios años, que países como Perú, que figuran en los últimos lugares en cuanto a la productividad global de los factores. O que Venezuela, que creció durante un buen número de años, tiene cifras de rendimiento económico promedio bastante superiores a las de El Salvador, cuya economía es bastante más productiva, y mejores que las de México, que también le gana en productividad. Ocurre que ni en México ni en El Salvador las exportaciones representan un porcentaje muy alto de éstas, a diferencia de Venezuela.

Esto mismo explica, en parte, que Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que están entre los países menos productivos del continente, tengan hoy gobiernos con una popularidad resistente: los commodities han permitido financiar el populismo sin que las consecuencias se sientan en el corto plazo, como ocurrió, por ejemplo, en el Perú, que practicó el populismo en los años 80 y vio a sus gobiernos volverse impopulares rápidamente.

Se advierte, además, este elemento perturbador: el debilitamiento de las instituciones republicanas no afecta gravemente la popularidad de nuestros populistas y puede que en algunos casos la robustezca. Esto se confirma en el caso de Nicolás Maduro, que aunque no está en el grupo de los más populares, porque su aprobación se sitúa en 43 por ciento, tiene cifras más altas de las que merece cualquier régimen que haya hecho escarnio de la democracia, como ha sido, desde 1999, el caso del chavismo. Esta no parece ser, para muy amplios sectores de la población, un factor determinante.

Lo tercero y último que rescato de la clasificación entre “populares anormales”, “impopulares anormales” e “impopulares normales”, es que la última categoría, que es quizá la más importante, porque da la pauta continental, implica una mezcla de dos tipos de gobierno: los que han hecho las cosas razonablemente bien y los que no. Por ejemplo, es obvio que hay una aparente incoherencia entre las excelentes cifras económicas del gobierno de Piñera y su nivel de aprobación, que está por detrás de gobiernos con menos pergaminos. Acompaña en este grupo a Piñera, por ejemplo, la Presidenta Rousseff, bajo cuyo gobierno la economía de Brasil ha crecido muy poco y experimenta unas deficiencias que han llevado a cuestionar el modelo de desarrollo a sectores muy influyentes del país.

Si le sumamos a eso el serio déficit ético del PT, el partido gobernante, uno pensaría que, tal como funciona la popularidad presidencial en el subcontinente, Brasil debería estar en el grupo de los “impopulares anormales”. Es cierto: Dilma ha tenido gestos valientes y drásticos contra la corrupción del gobierno anterior. Pero no es menos cierto que Lula, el antecesor, goza de una gran popularidad y por tanto, confirma que el déficit ético no resulta un problema grave para la aprobación de un mandatario o mandataria que representen al PT.

Mencioné anteriormente el hecho de que varios de los gobernantes más populares son hoy populistas con rasgos autoritarios. Quizá haya una relación entre eso y el hecho de que los gobernantes respetuosos de la democracia no cosechan una recompensa en el sentimiento ciudadano por respetar el estado de derecho. Tal vez sea una confirmación de que la democracia y el estado de derecho gozan de una popularidad precaria, como lo señalan las encuestas que miden esto a escala subcontinental de tanto en tanto. Si es así, hay allí una permanente señal de peligro.

Artículo publicado originalmente en La Tercera