La situación creada por la decisión del Gobierno de traer a España a dos piratas de los que capturaron el atunero español Alakrana, en lugar de mantenerlos cerca de la zona del secuestro como medio de presión sobre sus compañeros, ha provocado un nuevo problema para los 36 rehenes, la mitad españoles, pero también para la conciencia de los ciudadanos y la credibilidad nacional e internacional del Estado.

 

Se sabe que los servicios secretos españoles desaconsejaron que se trajera a los piratas retenidos, entre otras razones porque podría irritar a sus compañeros, que tienen a los pescadores a merced de su situación anímica, aunque posiblemente su vida no peligre, y porque elevaría además el precio del rescate.

 

Pero se dio la orden cuya responsabilidad tratan de silenciar y de rehuir ahora el presidente del Gobierno, la vicepresidenta, la ministra de Defensa y el ministro de Justicia, entre otros, que tratan de atribuirle el error de cálculo a la Audiencia Nacional, cuyo presidente respondió con una enérgica nota rechazando la imputación.

 

Obsérvese el desorden de poderes diferentes –con el mediático juez Garzón, además, por medio–, que en su momento trataron de dirigir el rumbo del caso, y que ahora sueltan la rueda del timón, aunque afortunadamente para los pescadores queda el recurso de elevar y elevar el valor del rescate que se pagará hasta obtener su libertad.

 

Situación que llegará, incluso, aunque la Justicia le impida a los dos piratas salir de España antes de la liberación de los rehenes: estos somalíes también tienen un precio para sus compañeros, que es la suma de una cantidad de dinero más elevada, muy superior a la exigida inicialmente, más la promesa de lenidad judicial con ellos.

 

Lo que no calculó este Gobierno sin rumbo y dedicado sólo a tratar de parecer amable y bondadoso ante la opinión pública es que, una vez bajo la Justicia, los piratas quedaban sometidos a un procedimiento complejo y de muy difícil solución inmediata.

 

Las torpezas del Gobierno español crecen últimamente a un enorme ritmo, y con ellas se pierde, además, el sentido de la dignidad, porque la mayoría del rescate saldrá de las arcas del Estado, algo que es de conocimiento público.

 

Una circunstancia que le resta honorabilidad a las instituciones: un gobierno pagando rescates de manera notoria a unos secuestradores hace dudar sobre qué hará si los terroristas de ETA, secuestran a alguien como hicieron con Miguel Ángel Blanco.
 

Y los etarras son capaces de matar, algo que no han hecho aún los piratas somalíes con ninguno de los centenares de marineros que han secuestrado hasta hoy, quizás porque siempre alguien les ha pagado lo que han exigido; pero nunca aparece un gobierno como protagonista, como aquí, como no sea para bombardear las bases de los filibusteros.

 

Ahora es momento de recordar que el silencio sobre el caso que exige el presidente del Gobierno contrasta con la explotación mediática y la agitación y propaganda de él y los suyos, junto con el nacionalismo gallego, para tratar de hundir el ejecutivo de Aznar aprovechando el desastre del petrolero Prestige, de cuyo naufragio se cumplen siete años este 13 de noviembre.
 

Con una política interior y exterior desnortada, con la economía ruinosa y con sus responsables culpándose unos a otros de la situación, España se encuentra desgobernada con un presidente que ha perdido las cartas de navegación. Y lo peor de todo es que no lo sabe.