Generalmente existen tres objetivos principales. Primero, perseguir -y demonizar- a los opositores, disidentes y a la prensa libre, en general, con una apariencia o ropaje de legitimidad que es tan sólo falsedad. Con frecuencia, burdamente disimuladas. Segundo, proteger a los gobernantes, particularmente cuando de impedir que se cuestionen sus abusos de poder o de investigar su extendida corrupción se trata. Los gobiernos izquierdistas de la última década han sido profundamente corruptos. Con muy pocas excepciones.

Tercero, para vengarse, tomar revancha o para ganar impunidad en toda suerte de distintas lides. Un ejemplo de esto último es la impunidad total en la que aún están quienes asesinaron, secuestraron y atentaron contra civiles inocentes durante la triste década de los setenta desde las organizaciones guerrilleras que operaban coordinadas, con la conducción y el apoyo constante de La Habana. Como lo demuestra acabadamente el excelente trabajo de Juan Bautista (Tata) Yofre: “Fue Cuba”, de reciente aparición, donde -con una gigantesca montaña de documentos y pruebas- se comprueba, para la historia, que la subversión marxista de esa década fue conducida puntillosamente desde Cuba, por los hermanos Castro.

 

Por esto, las dos últimas décadas han  sido -y siguen siendo- una era realmente triste para la democracia y para la vigencia de las libertades civiles y políticas en la región. Lamentablemente.

 

Particularmente, cuando desde los organismos regionales se ha disimulado arteramente todo. Manteniendo un silencio cómplice. La desdichada gestión de la OEA es, con la salvedad de la Comisión de Derechos Humanos, el mejor ejemplo de esto. UNASUR, que -en rigor- nació precisamente para encubrir este fenómeno, es apenas un instrumento más al servicio de una clase política que -disfrazada de izquierda- es la más corrupta de la historia regional. Los gravísimos ejemplos de lo sucedido cuando la “suspensión” de Paraguay de UNASUR y MERCOSUR y de la forma en que miserablemente se encubrió la verdad en la crisis de Pando, para proteger a Evo Morales, quedarán en la memoria colectiva como ejemplos de esto. MERCOSUR -por su parte- fue notoriamente desnaturalizada y convertida en nada, salvo en un púlpito o una caja de resonancia más. A entera disposición de los “bolivarianos” y su máquina publicitaria.

 

Con el ineludible desastre económico generado por los principales esquemas “dirigistas” (antes los llamábamos “colectivistas”) de la región, que es particularmente visible en la quebrada Venezuela y en la caótica Argentina, las cosas podrían -de pronto- empezar a cambiar.

 

La izquierda advierte lo que sucede y se apresura a instalar, mientras cree que puede, a sus hombres en el timón de las organizaciones regionales. Como “seguro” para futuros incordios. La candidatura del inefable canciller uruguayo Almagro para reemplazar al también izquierdista Insulza, en la OEA parece prueba innegable de ello. La presencia del insólito Samper en el timón de UNASUR también lo es. No hay que olvidarlo, cuando de interpretar los silencios y las acciones de los organismos regionales se trata.

 

Mientras tanto, los ataques e intentos de demolición contra la democracia continúan. En muchos rincones de la región.

 

El más reciente es el que, en la Argentina, procura someter al Poder Judicial, que parece haber despertado de un largo sueño y ahora -convencido de que las intimidaciones (ante el fin de ciclo del kirchnerismo) ya no tienen el peso que tuvieron hasta ayer- investiga directamente -por corrupción- a la presidente y a su familia más inmediata. Abiertamente. Desnudando sus escandalosos esquemas operativos para “lavar” el fruto de la corrupción.

 

Por eso, la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, intenta ahora, cuando falta todavía un largo año para que Cristina Fernández de Kirchner finalice su mandato, designar cuantos fiscales adictos pueda.

 

El diario “Río Negro” -que no ha sido cooptado por el gobierno- acaba de publicar los resultados de una investigación especial sobre esto. Allí demuestra la arbitraria manipulación de los concursos para elegir a los fiscales. Y pone en total evidencia sus torcidos resultados en procura de garantizar la impunidad de los actuales gobernantes.

 

Además, el gobierno nacional empuja una tendenciosa reforma del procedimiento penal, de modo que se establezca un sistema “acusatorio”, donde todo quede en manos de fiscales sumisos, que no sean independientes. Muchos de los cuales pertenecen a una organización de magistrados que, curiosamente, declara abiertamente su cercanía -e identificación ideológica- con el gobierno de los Kirchner. Como si aquello de la independencia de los jueces fuera sólo una farsa. Una pequeñez.

 

Aleardo F. Laría, su autor, concluye que el atropello al Poder Judicial por parte del “Kirchnerismo” procura legitimar “procedimientos cuasi delictivos” (del tipo de los que aún mantienen detenido a Leopoldo López en Venezuela). Agregando que: “es hora de poner fin a tanto atropello”.

 

Quizás por esto algunos jueces argentinos han comenzado, de pronto, a actuar contra los funcionarios públicos, en investigaciones que durante mucho tiempo estuvieron casi paralizadas, permitiendo que todo se “resolviera” por el mero trascurso de la prescripción. Por evaporación, entonces. Como le gusta al poder político.

 

La reacción del gobierno argentino ante ello ha sido realmente increíble: la de acusar a los magistrados que lo investigan por lavado de dinero, de ser “golpistas”. Otra vez, con el manual de operaciones venezolano en sus manos. Manual, es obvio, escrito en Cuba.

 

La consecuencia puede ser que los jueces argentinos ahora se abroquelen y comprendan que están, todos ellos, en la línea de fuego. Desde que se trata de reemplazarlos para que la justicia sea apenas un agente más de un gobierno autoritario que sustancialmente ha concentrado, como nunca jamás en la historia argentina, todo el poder en sus manos. Con perversión sin par. Y descaro absoluto.