Los gobiernos contemporáneos gastan cifras exorbitantes en su propia promoción. En silencio. En mil formas distintas de publicidad a favor de sí mismos, costeada -increíblemente- con los dineros del pueblo. Cuando la política se transforma en negocio y en el consiguiente esfuerzo de perduración ello es casi inevitable.

 

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), realiza un constante monitoreo y seguimiento acerca de cómo -en la Argentina- se utilizan los recursos públicos para publicitar y sobredimensionar los actos de gobierno, de manera de promocionar y endiosar a quienes circunstancialmente detentan el poder. La referida entidad acaba de informar acerca del gasto consolidado en materia de comunicaciones de la administración que lidera Cristina Fernández de Kirchner en el 2014. Los resultados de la investigación realizada son aún más sorprendentes que lo que cabía esperar.

 

Sumando todas las cuentas de promoción y publicidad a través de las cuales se ejecuta -más o menos disimuladamente- el esfuerzo por mejorar la imagen del gobierno argentino, se comprueba que el importe dedicado a ese menester es realmente gigantesco. Monstruoso. Hablamos de 16.415.831.222 pesos anuales. A una tasa de cambio promedio de 8 pesos por dólar esto equivale a 2.051.000.000 de dólares. Esto es 5.619.178 dólares por día, incluyendo feriados, sábados y domingos. Una inmensa enormidad. Repudiable, por cierto.

 

Particularmente si se advierte que esa cifra supera, aunque escasamente, al gasto nacional argentino total en materia de salud, que es de 16.307.000.000 de dólares. Y también al gasto que corresponde al Poder Judicial argentino, que es de 9.197.000.000 de dólares. Así como al gasto total dedicado al manejo de las relaciones exteriores del país, que es de 3.575.000.000 de dólares, esto es de apenas una quinta parte de lo que se dedica a propaganda y publicidad a favor del gobierno nacional. La comparación muestra la dimensión del exceso publicitario dedicado esencialmente a tratar de mantenerse el mayor tiempo posible en el poder. Vergonzoso, en extremo.

 

Los gastos en materia de comunicaciones incluyen naturalmente el pago de una asfixiante burocracia y los consiguientes gastos de administración. También el monopolio de la transmisión del fútbol a través de la televisión; así como el funcionamiento de estaciones de radio y televisión groseramente dedicadas a cantar loas permanentes al gobierno argentino. Y el mantenimiento de agencias de noticias que magnifican los logros positivos y disfrazan los fracasos. A todo lo que se suma la publicidad oficial en los medios de comunicación, distribuída caprichosamente para “favorecer” a los medios sumisos y “castigar” a los medios independientes.

 

En este último sentido el gobierno argentino, fiel a su característica de incumplir fallos judiciales y laudos arbitrales sin que se le mueva un solo pelo, ha incumplido varios fallos de su propia Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo obligan a asignar los recursos por publicidad oficial de manera no arbitraria, es decir en base a criterios objetivos y razonables. Y sin discriminaciones destinadas a afectar la libertad de expresión. Para la Corte debe haber, en la distribución de la publicidad oficial, pautas objetivas, cuantificables y generales, porque ello está en la esencia misma republicana.

 

Aunque el máximo tribunal recordó que incumplir sus sentencias supone desconocer la división de poderes de un modo inadmisible en el Estado de Derecho, deteriorando la estructura constitucional democrática, el Gobierno Nacional de la República Argentina ha decidido no acatar esos fallos y seguir haciendo lo que se le da la gana, lo que supone una burla a la buena fe de todos los ciudadanos.

 

Como sucede en los gobiernos arbitrarios, el gobierno argentino tiene a su total disposición un gigantesco y monopólico multimedio oficial, con medios “propios” y medios “contratados”, que venden el direccionamiento de su “opinión”, a cambio de recibir dineros públicos, de modo de transformar al periodismo en un mero negocio publicitario. El gasto argentino en publicidad oficial aumentó sistemáticamente desde el año 2003 hasta el año 2014. En total, el aumento en ese período fue del 3.811%, sin que el público advirtiera lo sucedido.

 

No hay obra pública, por intrascendente o pequeña que sea, que no esté acompañada de una profusión de carteles que atribuyen la responsabilidad por la misma a la Presidencia de la Nación. Como si gobernar no fuera un deber. Como si cumplir con las obligaciones debiera generar un aplauso permanente. La máquina de vitorear es constante y aparece en todas partes. Su eco es permanente y sus consecuencias mensurables.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en particular su Relator sobre Libertad de Expresión debieran incluir, con toda urgencia, este mayúsculo tema en la Agenda Regional sobre Libertad de Expresión. Porque mientras se acusa a algunos conglomerados empresarios privados de ser monopólicos se edifica, en paralelo, conglomerados públicos que son mucho más grandes y que, peor aún, operan financiados con los dineros de todos, que se utilizan para inflar las imágenes de quienes son apenas mandatarios del pueblo.

 

Por todo lo antedicho, las naciones debieran contar, cuanto menos, con legislación regulatoria de la publicidad oficial, sin la cual ni la libertad de expresión ni el pluralismo informativo quedan garantizados.

 

Pero, además, el público debiera recibir periódicamente información objetiva que revele la importancia y evolución de la publicidad oficial.

 

Es hora de generar los consensos necesarios para que los abusos en esta materia sean reemplazados por la transparencia del gasto y su equidad. Pero también para que pueda advertirse como los enormes multimedios estatales se han transformado, paso a paso, en el principal peligro que acecha la libertad de expresión y de información en América Latina.

 

El caso argentino es revelador. Más bien, paradigmático. Porque muestra a las claras la existencia de un abuso realmente monstruoso que los gobiernos en el poder procuran disimular, no sólo manteniendo la realidad en la opacidad, sino atacando a los medios privados cuando el verdadero monopolio (el más nocivo) en los hechos está en manos del Estado y opera financiado con los recursos que aporta, sin saberlo, el desprevenido público ciudadano.