El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha retado a Europa con crear una ley de retorno de capitales contra las empresas europeas que funcionan en su país si la Unión Europea “atropella” a los venezolanos con la nueva legislación con la que se prevé sancionar a inmigrantes ilegales
Oposición a la “directiva retorno” de inmigración
Nueva brabuconada de Chávez en su intento de intimidar a los legisladores europeos. El presidente venezolano ya había amenazado en junio con dejar de vender petróleo y revisar las inversiones en el país de las naciones europeas que apliquen la nueva legislación contra los inmigrantes ilegales.
“Si Europa comienza a atropellar a nuestro pueblo, y hablo en este caso sólo por Venezuela, nosotros podríamos considerar una ley de retorno de los capitales europeos, que se vayan y retornen a Europa“, dijo Chávez al cerrar una sesión especial en celebración de la Independencia de Venezuela.
Chávez, acompañado en el Parlamento por el presidente boliviano, Evo Morales, en la celebración de la firma del Acta de Independencia, afirmó que en el país hay bancos y empresas petroleras que podrían tener que marcharse.
“Nosotros estamos de verdad dispuestos a hacer que se nos respete en el mundo entero”, aseguró el gobernante. “Europa debe reflexionar, mi saludo a la Europa, pero Europa debe reflexionar”, añadió.
Los intereses europeos en Venezuela
En Venezuela operan divisiones de grupos bancarios españoles como el Banco de Venezuela, del Grupo Santander, y el Banco Provincial del BBVA. Las francesas Total y la noruega Statoil figuran entre las compañías europeas del sector petrolero que funcionan en el país sudamericano.
Chávez, un líder populista con un largo historial de confrontaciones verbales con las naciones ricas, ha nacionalizado varias compañías en Venezuela, convirtiéndolas en empresas mixtas con mayoría estatal.
La Comisión Europea estima que hay hasta ocho millones de inmigrantes sin papeles en la Unión Europea. En la primera mitad de 2007 se arrestó a más de 200.000 en la UE, aunque fueron expulsados menos de 90.000. Se cree que muchos de los inmigrantes ilegales que se encuentran en la UE son latinoamericanos.
Las normas aprobadas en junio por el Parlamento Europeo permiten la detención durante hasta 18 meses de las personas indocumentadas, que además tendrán que afrontar prohibiciones para volver a entrar a los 27 países del bloque.
La nueva norma, que entrará en vigor en 2010, establece que también los niños podrán ser detenidos, aunque por un lapso de tiempo más breve.
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