ANV ha dado otra muestra más de su connivencia con ETA tras no condenar el atentado que le costó la vida al empresario vasco Ignacio Uría. Aralar, otra formación nacionalista, romperá su pacto de gobierno con ANV en Azpeitia. Rajoy, líder de la oposición, le exige al Gobierno y a la justicia que no esperen más tiempo para ilegalizar ANV.

Gobiernan el pueblo donde mataron a Uría
El Presidente del PP pide la disolución de los ayuntamientos donde gobierna Acción Nacionalista Vasco, como la localidad guipuzcoana de Azpeitia, en la que ETA asesinó al empresario Ignacio Uría. “Pedimos una vez más la disolución de los ayuntamientos donde gobierna ETA“.

Por su parte, José Antonio Alonso afirma que, dentro del consenso entre los partidos políticos y “respetando escrupulosamente la ley”, es necesario tratar sacar al entorno de la banda terrorista ETA de los gobiernos de los municipios en los que aún conserva el poder. El portavoz del PSOE añade que, tanto a ANV como al entorno de ETA, “hay que meterles el mayor grado de presión posible” para sacarlos de ayuntamientos como el de Azpeitia.

Ambos políticos se muestran convencidos de que la banda terrorista va a ser derrotada. En este sentido, Rajoy asegura que ETA será vencida pronto y “sin atender a nada” de cuánto reclame ya que, como banda terrorista, “no hay que buscarle razones”.

Rechazo hasta de los nacionalistas

Aralar acuerda abandonar el Gobierno municipal de Azpeitia, después de que ANV se negara a condenar el asesinato de Ignacio Uria. Esta formación gobernaba con ANV y EA en este municipio.

El vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, asegura que la actitud del alcalde y su grupo (ANV) mantenida durante el pleno de condena del atentado resulta “inaceptable” porque “va en contra de los principios del acuerdo de Gobierno y del derecho a la vida”.

Preguntado por la posibilidad de que Aralar apoye una moción de censura en el Consistorio, Abril responde que todavía no se ha analizado esa situación porque “no procede en este momento”. No obstante, advirtió de que su formación no estará “ni en un gobierno que no sea de izquierdas, ni en uno de confrontación”.

Uría, un ejemplo de dignidad

Son cientos los empresarios vascos que en las últimas cuatro décadas cedieron al chantaje de ETA y acabaron pagando el llamado impuesto revolucionario, el que usa ETA para financiarse. Casi todos por miedo, y la inmensa mayoría para proteger a sus familias. Pero muchos más hicieron frente a los intentos de extorsión y rechazaron contribuir económicamente a la caja etarra. Uno de ellos fue Ignacio Uría Mendizábal.

Uría y su empresa, fundada en 1969, llevaban más de 20 años recibiendo amenazas de ETA, pero jamás pagaron a la banda terrorista cantidad alguna.

Construcciones Altuna y Uría empezó a recibir amenazas y cartas de extorsión a mediados de la década de los 80, y en 1986 la empresa ya sufrió un atentado en sus instalaciones.

En octubre de 1986, ETA secuestró al industrial guipuzcoano Lucio Aguinagalde por negarse a pagar el impuesto revolucionario. El Gobierno de Felipe González advirtió a varios empresarios, cuyos nombres aparecían en la lista de contribuyentes intervenida a ETA en la cooperativa Sokoa, de que emprendería acciones legales contra ellos si continuaban pagando.

Las amenazas contra Construcciones Altuna y Uría prosiguieron en la década de los 90, coincidiendo con el inicio de las obras de la polémica autovía de Leizarán, que ETA también puso en su punto de mira.
Los intentos de extorsión contra Uría se intensificaron a principios de esta década, cuando Construcciones Altuna y Uría era ya una de las empresas líderes en el sector de obra pública e infraestructuras en el País Vasco.

En marzo de 2007, la ilegalizada Segi difundió un comunicado amenazante contra Construcciones Altuna y Uría: “Que tengan claro las empresas que trabajan en la construcción del TAV, en la medida en que son responsables de este salvajismo, son punto de mira del enfado popular. Que sepan que, ante esta situación, no nos quedaremos con los brazos cruzados”.