El Gobierno colombiano asegura que detrás de las protestas y movilizaciones sociales hay intereses, más allá del inconformismo por los temas salariales, para desestabilizar la Administración del presidente colombiano Álvaro Uribe.

Afirma tener pruebas de ello
El ministro de Protección Social colombiano, Diego Palacio, explicó que no es coincidencia que las manifestaciones tengan lugar en octubre porque “se han venido encontrando indicios claros y suficientes que permiten demostrar que, más allá de la inconformidad, hay un interés que busca desestabilizar, confrontar y hacer oposición al Gobierno Nacional“.

El director de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, dijo que hay material que indica que detrás de la protesta de los indígenas está la cuadrilla sexta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Ese material documental, fílmico y de audio está siendo en este momento procesado para ponerlo al servicio del poder judicial e iniciar tareas de judicialización que nos permitan depurar responsabilidades individuales en la comisión de hechos punibles”, explicó Naranjo.

“Ha sido evidente para la opinión pública la participación de distintas figuras políticas y la intervención directamente en estos movimientos”, afirmó por su parte Palacio, quien manifestó la preocupación del Gobierno de que todos los movimientos coincidan con una oposición al TLC con Estados Unidos.

Asimismo, el funcionario colombiano señaló que le pedirá a la Procuraduría que adelante investigaciones para establecer si “algunos de los actores políticos que han estado directamente vinculados a algunos de estos movimientos han trasgredido las reglas disciplinarias”.

Según indicó la Policía Nacional, la Fiscalía ya emitió seis órdenes de captura contra ciudadanos “que han estimulado, concertado, que han constreñido a los corteros” y que según las investigaciones “han incurrido en la comisión de delito”.

A su vez, Palacio informó que el Gobierno rechaza “la utilización de mujeres y niños para tratar de complicar estas expresiones de protesta social”. “Amparado en el derecho a la protesta, no se deben desarrollar, ni propiciar, ni facilitar acciones que están por fuera de la Ley”, concluyó Palacio.

El general Óscar Naranjo anunció que se lanzará una campaña de recompensas en la zona occidental del país para dar con el paradero de 30 miembros de las FARC que han “estado vinculados con esa zona de Corinto”, que es donde opera el sexto frente de dicha guerrilla colombiana.