En un país inmerso en una “guerra” no declarada en contra de los cárteles de la droga desde hace más de seis años, los datos oficiales sobre desaparecidos no abundaron durante el sexenio pasado. El nuevo Gobierno, de signo político diferente, prometió dar fluidez a toda esa información.

HRW acusa a corporaciones oficiales

En entrevista, la funcionaria dijo: “Es una base de datos cuyo contenido yo no conozco, sin embargo es una base de datos de la que se tiene registro y se tiene información, que contiene más de 27 mil casos, esa es la información que se estará migrando en estos días y que se tiene el compromiso de CENAPI de migrarla y del centro de recibirla a fin de avanzar en este tema”.

Tras una reunión con representantes de la organización no gubernamental Human Rights Watch, la funcionaria detalló que esa base de datos se dará a conocer próximamente y aclaró que posteriormente se debe incluir la información genética de las personas desaparecidas o bien de sus familiares, además de contar con esa información genética de los cadáveres que se tengan, para hacer cruces y poder identificarlos, para construir protocolos de búsqueda.

Desde la citada ONG y en su informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, se asegura que el 60% de los casos de desapariciones en el país han sido forzadas por la implicación de los integrantes de todas las fuerzas de seguridad del país (Ejército, Marina y Policía Federal). Inclusive, dice, bajo la complicidad de organizaciones delictivas. Se advierte también que durante la gestión de Calderón se presentó una de las más profundas crisis de desaparecidos en América Latina de las últimas décadas.

En ese documento, que fue entregado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se documentan desde diciembre de 2006 un total de 250 casos de desapariciones en diez de los 32 estados del país. De ellos, 149 fueron desapariciones forzadas. Esas cifras, advierte, “no representan en absoluto la totalidad de las ocurridas en el país durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón”.

HRW menciona que en 149 de esos casos de desapariciones forzosas “encontramos evidencias contundentes de que actores estatales habrían participado en la desaparición, ya sea por sí solos o en colaboración con organizaciones delictivas. En estos casos han estado implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, es decir, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y/o las policías estatales y municipales”.

Revela que la mayoría de los casos de posible desaparición forzada documentados “responden a un patrón, en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a personas sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida. En muchos casos, las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, mientras que en otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo o en establecimientos públicos como bares”.

En su investigación, la ONG encontró que “los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas”.

Las evidencias que presentó HRW establecen que un cuerpo concreto de las fuerzas de seguridad efectuó múltiples desapariciones aplicando las mismas tácticas durante un período breve y en una misma zona. Por ejemplo: “Se recogieron testimonios de testigos, así como fotografías y grabaciones de video, que señalan que miembros de la Marina cometieron más de 20 detenciones arbitrarias en junio y julio de 2011, en los estados vecinos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”.

Destaca también que “durante los años en que el Gobierno de Calderón ignoró el creciente problema de las desapariciones, el país no adoptó medidas serias para abordarlo. Esto dio lugar a la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas”.

Por ello, concluye advirtiendo que “si el Gobierno de Enrique Peña Nieto repite esta estrategia fallida y no establece un plan integral y efectivo para investigar desapariciones ocurridas en el pasado y ayudar a prevenirlas en el futuro, los casos de desapariciones muy probablemente continuarán en ascenso. Y miles de familias de víctimas seguirán sumidas en la desesperación de no saber qué les sucedió a sus seres queridos”.

Con información de El Universal, Milenio y La Vanguardia.mx