No es la primera vez que algún sector de la judicatura tiene la insolencia de meterse con la Casa Rosada y quienes forman o formaron parte de la privanza de la pareja “K”, como se conoce en Argentina al difunto Néstor y su esposa Cristina. En 2013, el fiscal José María Campagnoli, que estaba investigando a un empresario muy cercano a la pareja presidencial, Lázaro Báez, por extorsionar a un financista que lavaba dinero, fue suspendido de su cargo. La operación política la llevó a cabo un tribunal del Ministerio Público presidido por un miembro de La Cámpora, el grupo kirchnerista fundado y manejado por Máximo Kirchner, que desde la muerte de Néstor ha pasado a ocupar cargos clave en el Estado y actuar como cuerpo operativo de la Casa Rosada. Báez había sido acusado por el periodista Jorge Lanata de sacar ilegalmente dinero para esconderlo en Suiza lavándolo a través de un tinglado de entidades jurídicas internacionales.

Ahora, la Secretaría de Justicia ha denunciado al juez Bonadio y desatado contra él una cacería mediática y política a raíz de los pasos cada vez más temerarios que este magistrado ha dado en relación con el caso de Hotelsur.

Según Stolbizer y los medios independientes que han podido darle seguimiento al caso, el hotel Alto Calafate, en la provincia de Santa Cruz, gestionado por Hotelsur, la empresa de la que Cristina Kirchner y su hijo Máximo son dueños, alquiló a un precio muy por encima del mercado un millar de habitaciones que nunca fueron ocupadas. Las pagó a través de sus empresas Lázaro Báez, un hombre al que el imaginario argentino asocia con los “K” porque hizo una fortuna gracias a contratos públicos otorgados por el gobierno de la provincia patagónica cuando Néstor era gobernador.

El alquiler, durante un par de años, de habitaciones que nunca fueron ocupadas pudo ser, según se presume, una forma de lavar dinero o de justificar trasvases importantes de fondos de los beneficiarios de las concesiones de obra pública a quienes eran responsables de haberlas otorgado, es decir los propios Kirchner.

En ese caso era Juan Carlos Relats, concesionario de obras viales y de infraestructura en general, el responsable de los alquileres sospechosos. Esa renta sirvió para que Néstor Kirchner pudiese justificar un incremento de ingresos de más de 150 por ciento aquel año.
 

El nuevo episodio de alquileres “fantasma” tiene en guardia a la sociedad argentina por los antecedentes tanto con respecto a las prácticas hoteleras de los Kirchner como en relación con empresarios que se beneficiaron tanto durante los 12 años en que Néstor presidió la provincia de Santa Cruz como durante el gobierno federal en cuya jefatura él y su esposa Cristina se turnaron.
 

La corrupción del kirchnerismo era una sospecha en los primeros años del gobierno pero la abundancia de las exportaciones agrícolas y el “rebote” de la clase media dificultaron los esfuerzos de investigación y denuncia: el clima de optimismo y la popularidad de un gobierno todopoderoso bastaron para disuadir a quienes hubieran podido hacerlas. Luego los medios de comunicación independientes llevaron a cabo una labor que forzosamente trascendió el ámbito de lo periodístico en vista de la debilidad institucional de los partidos políticos y la propia judicatura. Sólo en años recientes ha sido posible, ante el cambio de la fortuna económica del modelo y el declive político del gobierno, que el sistema jurisdiccional intentase dar seguimiento a las informaciones periodísticas en los ámbitos fiscal y judicial. Es así como numerosos personajes del gobierno o del entorno presidencial se han visto sometidos a causas judiciales, incluido el vicepresidente y ciertos empresarios.

En este contexto hay que inscribir la actuación del juez Bonadio, que ha tenido el atrevimiento poco menos que prometeico de allanar la sede bonaerense de Hotelsur, la gestora del hotel Alto Calafate, así como la sede de un órgano oficial clave en todo esto: la Inspección General de Justicia. La IGJ pertenece a la Secretaría de Justicia y tendría que haber actuado contra Hotelsur por las numerosas irregularidades que, según la denuncia de Stolbizer y algunos medios, ha cometido. Entre ellas, no presentar balances contables desde 2011 y haber realizado la asamblea general de accionistas de 2010 en una falsa sede bonaerense. Esa oficina pertenece a un abogado que la tiene alquilada a terceras personas desde hace varios años.
 

El gobierno ha empleado los medios a su alcance, que son considerables, para desacreditar las denuncias y la investigación: necesita hacer del juez Bonadio un caso ejemplar para enviar un mensaje paralizante a todo el sistema jurisdiccional. Aunque lo había tratado de evitar, luego de un tiempo el gobierno se había resignado a permitir que algunas causas siguieran su curso en los tribunales mientras la figura presidencial estuviese a salvo. En otros casos no habían podido impedirlo, como ocurre con las investigaciones de que es objeto Báez en varios países, incluyendo Estados Unidos y Suiza (además, los fondos de cobertura enfrentados con Buenos Aires por la quita de la deuda pública han emprendido acciones contra el empresario kirchnerista por creer que sus cuentas se abrieron con dinero robado al Estado y por tanto embargable para asegurar el pago de la deuda a los bonistas que no aceptaron la rebaja). Pero mientras todo esto estuviese a prudente distancia de los Kirchner, era un precio a pagar por el deterioro del poder político de la Casa Rosada con el que se podía convivir. Lo de ahora, en cambio, es mucho más grave e intolerable: una investigación judicial como la de Bonadio puede derivar tarde o temprano en el procesamiento de Cristina y su hijo.

Si uno piensa en el kirchnerismo como una sucesión de imágenes, una posible secuencia es la fantasmagoría de escándalos éticos. Allí está el “valijagate” de 2007, cuando un empresario venezolano-estadounidense, por aparente encargo del chavismo, transportó un maletín con 800 millones de dólares en efectivo hasta el aeropuerto de Ezeiza en un charter contratado por funcionarios argentinos. Allí está también la ex ministra de Economía a la que se le encontró una bolsa con decenas de miles de dólares y pesos coquetamente escondida en el botiquín del baño de su despacho. Para no hablar, otra vez, de Amado Boudou, el vicepresidente al que la mujer de un empresario señaló como hombre de paja de su ex marido hace dos años. O de los cuatro secretarios de Kirchner que hicieron crecer sus patrimonios entre 54 y 78 veces, éxito que haría sonrojarse a Warren Buffett, como me permití sugerir alguna vez.

Jorge Lanata se encarga cada cierto tiempo de recordarle a su país que los Kirchner multiplicaron por 10 su patrimonio entre 2003 y 2011 (no es una presunción sino el monto ascendiente de sus declaraciones juradas en aquellos años), pasando de siete millones de pesos a 89 millones. Cuando a la presidenta le preguntaron sobre su patrimonio en la Universidad de Harvard, respondió que ella y su marido habían hecho su dinero como abogados. En realidad, lo hicieron como empresarios hoteleros, terratenientes y otras modalidades del mundo de los negocios.

La separación entre Estado y negocios, medular para la salud ética e institucional de una democracia bajo estado de derecho, es algo que brilló por su ausencia con el kirchnerismo. La filosofía que imperó fue la de que los capitostes del gobierno tenían derecho a beneficiarse de la mejora económica del país -cuando la bonanza de los commodities hacía creer que reposaba sobre bases permanentes-, exactamente igual que los demás miembros del tejido empresarial argentino. No pocas veces hemos oído a la presidenta alegar que ellos fueron beneficiarios del progreso del país: progreso que hizo prosperar mucho más a los empresarios que se quejan, por ejemplo, del alza de los impuestos al campo.

Este razonamiento valió mientras el país temiera a los Kirchner. Su valor es mucho menor hoy, cuando el miedo ha ido cediendo el lugar a la expectativa de un cambio de gobierno -en verdad, de régimen- en 2015. ¿Cuál es la esperanza del kirchnerismo de cara a ese fatídico proceso electoral? Por el momento, su única carta parece ser la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, al que el kirchnerismo veía como enemigo y al que La Cámpora profesa un odio político nada disimulado, pero que por ser peronista y no haber roto del todo con el gobierno podría garantizar algo de protección política a la familia presidencial.

O no. Si algo no es seguro nunca en Argentina es que una facción peronista proteja a la otra. En cualquier caso, las encuestas tienen en altísimo lugar a enemigos frontales del kirchnerismo. Confiar en Scioli es confiar doblemente: implica que el electorado elegirá a otro peronista y que, en el caso improbable de ganar, ese peronista será leal a la mujer que lo despreció desde el primer día.
Publicado en La Tercera