Surgen otra vez con fuerza las voces que claman por la renuncia de Dilma Rousseff, cuyo mandato acaba en 2019, a la Presidencia de Brasil. Menudo problema.

Las previsiones para la economía empeoran mes a mes. El Banco Central -hay que felicitar a Brasil, en medio de todo, por la independencia que cierta instituciones, como la monetaria y la judicial, muestran frente al gobierno- ha revelado que el consenso entre los analistas apunta a una contracción de 1,5 por ciento y una inflación de 9 por ciento. Brasil vive, ni más ni menos, una estanflación.

Los vasos comunicantes entre lo que sucede en el mundo estadístico y la clase media son obvios: la confianza se ha desplomado. En la primera mitad del año, los retiros de dinero de los bancos (948.174 millones de reales) superaron a los depósitos (909.632 millones). Junio ha sido el peor mes desde 1995. Esto no es producto solamente de que muchos brasileños prefieren, tras la subida de las tasas de interés, reemplazar cuentas de ahorro por renta fija: es síntoma de la incertidumbre que vive esa masa de brasileños que protagonizó la vida social y económica de la década de 2000 tras irrumpir como fuerza motriz del país emergente. No hay por donde se mire razones para el sosiego: la producción de vehículos ha caído casi 20 por ciento en lo que va del año.

Este es el contexto en el que opera Dilma, que intenta revertir algunos de los peores excesos populistas, ya sin credibilidad y sin una base parlamentaria suficiente. No sólo no tiene mayoría sino que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el que le saca las castañas del fuego desde hace algunos años, se ha vuelto él mismo un factor de descrédito, al igual que el gobernante PT, por la incesante letanía de revelaciones de contubernios entre contratistas y políticos. Por si no fuera bastante, el Presidente del Congreso, Renan Calheiros, muy vinculado al lobby agropecuario, no entiende de reformas, sino de toma-y-dacas de estirpe mercantilista, doblemente impropios para tiempos de emergencia.

Lo que pasa en Brasil importa a todos los vecinos, pero a algunos más que a otros. Los socios del Mercosur exportan a Brasil el equivalente a casi 4 por ciento del tamaño total de sus economías (en el caso chileno es la mitad y aún menos en el de los otros miembros de la Alianza del Pacífico). Si el desabarajuste se sigue prolongando indefinidamente, el efecto en Argentina, Uruguay y Paraguay será gravísimo. Aún teniendo en cuenta las diferencias entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, es inevitable que se resientan asimismo los esfuerzos del primer grupo por superar la adversidad actual.

Ante todo ello, ¿conviene que Dilma se vaya? Desde el punto de vista constitucional, hay mecanismos para una salida y aunque eso siempre es traumático en democracias como las latinoamericanas, ya ha ocurrido antes sin que sucumbiera el sistema. El problema, a mi entender, no es ese, sino el riesgo de que, tras un cambio de gobierno prematuro, la legitimidad social de la actual oposición sea rápidamente jibarizada por las circunstancias depresivas y por tanto las reformas indispensables para modificar el modelo -la nuez del asunto- sean inviables. Preservar la alternativa al actual estado de cosas y dejar que Dilma soporte el peso del desgaste mientras corrige algunas cosas -dicho sin asomo de cinismo- es una cuestión de salvación nacional.

Que Dilma dure hasta que el costo de su renuncia sea menor que el de su permanencia. Todo ello dentro del más estricto respeto -¿hace falta puntualizarlo?- a la Constitución.

Este artículo está en Voces. La Tercera.