La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha decidido externalizar la seguridad de las bases y acuartelamientos, y para ello su departamento va a contratar los servicios de empresas privadas que protejan, con guardas armados, las instalaciones militares.

Se excusa diciendo que no hay tropas suficientes
El objetivo de Defensa es evitar que las unidades del Ejército destinen un porcentaje considerable de sus ya escasos efectivos a tareas imprescindibles pero auxiliares, lo que mermaría aún más su capacidad operativa.

Según informa El Confidencial, Defensa habría convocado un concurso público para la “contratación del servicio de vigilantes de seguridad con armas en diversas instalaciones militares del Ejército de Tierra“.

El contrato tendría una vigencia de un año, a contar a partir del próximo 1 de enero, y su presupuesto es de 5,1 millones de euros. A esta cantidad hay que sumar otros 4,1 millones para la protección, también por empresas privadas, de varios hospitales dependientes de la Inspección General de Sanidad de la Defensa.

Los vigilantes de seguridad, que irían armados, tendrían que patrullar el perímetro exterior de los cuarteles, controlar el acceso de personas y vehículos, perseguir a “delincuentes sorprendidos en flagrante delito” o impedir el “consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas en las instalaciones protegidas”.

La empresa adjudicataria estaría obligada, por una cláusula de confidencialidad, a mantener la máxima reserva sobre toda la información sensible del Ejército de la que tenga conocimiento durante la prestación del servicio, y los vigilantes de seguridad no podrán acceder a materias clasificadas como secretas ni a los lugares donde éstas se custodian, especialmente las secciones de Inteligencia de las unidades militares.