El Gobierno ha decidido dar los pasos políticos y legales oportunos para promover una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local a fin de impedir que los representantes de una formación ilegalizada puedan gobernar en los Ayuntamientos.

ANV, ya ilegalizada, sigue gobernando
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anuncia que el Gobierno va a abordar reformas legales para que un partido ilegalizado no pueda gobernar los Ayuntamientos.

De la Vega declara que “el Gobierno va a promover las reformas legales necesarias para impedir que los representantes de una formación política ilegalizada puedan gobernar los Ayuntamientos“. En total, los filoterroristas tienen representación en 40 Consistorios vascos.

Añade que se hará “como siempre, con el máximo consenso de todas las fuerzas políticas parlamentarias”. Además, dice que el Ejecutivo seguirá siendo “muy escrupulosos con el cumplimiento de las leyes para que nadie pueda burlar la Ley amparándose precisamente en ella”.

De esta manera el Ejecutivo intentará superar la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, en el que se estipula el método por el cual el Gobierno, con el consentimiento del Senado, puede proceder a la disolución de un Ayuntamiento siempre y cuando se demuestre, por ejemplo, que la corporación ampara el terrorismo.

El Gobierno ha encargado un minucioso análisis de la Ley de Bases de Régimen Local a los sevicios jurídicos del Estado para descubrir las vías más apropiadas para su reforma. De la Vega asegura que la intención original del Ejecutivo es introducir “nuevos preceptos” en la citada norma para impedir que los miembros de una organización ilegal se sienten en las corporaciones.

Un partido que ya es ilegal

ANV fue ilegalizada por sentencia del Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre. “Vamos a trabajar en esta reforma y vamos a consultarla lógicamente con los partidos políticos. Esto llevará algún tiempo”, señala la vicepresidenta quien previamente había afirmado que el Gobierno “no está dispuesto a consentir que quienes amparan a los terroristas parapetados tras sus actas de concejales” gobiernen los Ayuntamientos.

El Ejecutivo de Zapatero ha adoptado esta decisión 48 horas después del asesinato a manos de ETA del empresario vasco Ignacio Uria, en Azpeitia, un pueblo gobernado por ANV en coalición con EA, y después también de que el Partido Popular reclamara abiertamente la expulsión de los proetarras de los ayuntamientos y presentara para ello una proposición de ley en el Congreso.

La número dos del Gobierno deja claro, no obstante, que los Ayuntamientos gobernados por ANV podrán acceder en igualdad de condiciones al fondo de 8.000 millones de euros creado por el Ejecutivo para impulsar el empleo. De la Vega recalca que este fondo está pensado para beneficiar a los ciudadanos al margen de quién les gobierne y en el caso del País Vasco, en su opinión, “los ciudadanos hace mucho tiempo que dieron la espalda a ETA“.