El ministro de Industria busca alternativas para un sector que tiene a 30.000 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. Una de las que tiene en este momento sobre la mesa el Ministerio de Industria es la supresión temporal del Impuesto de Matriculación.

El sector cae en picado
La medida, que sería sólo coyuntural, tendría como fin último estimular la demanda de vehículos, después de la debacle de las ventas este año. No en vano en noviembre las matriculaciones cayeron un 49,6 por ciento, la segunda peor bajada de la historia.

El principal problema con el que topará Sebastián para sacar adelante la medida es que el Impuesto de Matriculación es un tributo cedido desde 2002 a las comunidades autónomas, que en 2007 ingresaron por este concepto una cifra cercana a los 2.000 millones de euros, sobre una base imponible que, según datos de la Agencia Tributaria, alcanzó los 24.708 millones.

Aunque la reforma del tributo, que entró en vigor en 2008, hace muy difícil establecer comparaciones con los datos del año pasado, el batacazo en las ventas de este ejercicio augura una considerable caída de los ingresos autonómicos. Una reducción que no parece suficiente para convencer a las comunidades de que renuncien a tan jugoso bocado.

Sebastián puede chocar frontalmente con las necesidades del vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, que actualmente negocia en precario y con todos los plazos de negociación incumplidos la financiación autonómica con las propias comunidades. El pasado 25 de noviembre, el ministro de Industria se reunió con aquellas que tienen plantas de ensamblaje ante la gravedad de la situación.

De lo que no cabe la menor duda es que el sector recibiría con los brazos abiertos la medida. Los sindicatos, que el pasado martes tras su reunión en Moncloa arrancaron a Zapatero y Sebastián la promesa de que las ayudas al sector se vincularán al mantenimiento del empleo, verían con buenos ojos una medida que incentiva directamente al consumidor. Sin contar con las patronales, para quienes la supresión, aunque fuera temporal, sería recibida con los brazos abiertos.

Desde la de fabricantes, Anfac, se ha reivindicado que este tipo de gravamen no debería existir en ningún país productor como es España. Los responsables de Anfac, que también se reunieron la semana pasada con el Presidente del Gobierno, ya le pidieron la puesta en marcha de un nuevo Plan Prever para turismos y vehículos industriales con ayudas directas a la compra.