El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, dice que Repsol debe seguir siendo una empresa “gestionada por España” y “vinculada a los intereses fundamentales de España” y señaló que no ve “inevitable” la venta del 30% de la petrolera española a la rusa Lukoil.

Cree que España debe gestionar la petrolera
“Nada es inevitable mientras nada esté cerrado”, dice el ministro Solbes al ser preguntado por si todavía era posible encontrar una solución española para Repsol o era inevitable la venta a Lukoil.

“Yo creo que el interés de todos es que Repsol siga siendo una empresa gestionada por España y evidentemente vinculada a los intereses fundamentales de España“, señala el vicepresidente antes de acudir a la reunión de ministros de Economía de la zona euro.

“Es verdad que está en el sector privado, es verdad que los responsables, los propietarios, tienen el margen de maniobra que da el sector privado. Pero se está trabajando para la mejor solución que sea posible para todos”, resalta Solbes.

Preguntado por las denuncias del PP de que el Gobierno ha dado un trato de favor a la constructora Sacyr, Solbes responde que el PP acusa al Ejecutivo “de eso y de todos los males del infierno, o sea que es uno más”.

Comisión parlamentaria

El Grupo Popular en el Congreso presenta la solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre la posible entrada de la petrolera rusa Lukoil en Repsol, cuyo fin es conocer la “intermediación” del Gobierno y la utilización de recursos públicos en operaciones de sectores energéticos.

Según el texto de la solicitud, la “falta de transparencia” del Gobierno, “especialmente” del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, “obliga al PP a reclamar explicaciones sobre los antecedentes de su operación y sus consecuencias”.

Para el PP, el interés de compra por parte de una empresa extracomunitaria –Lukoil, a la que no cita- de una parte significativa de una empresa cotizada y clave en el sector estratégico –Repsol, a la que tampoco nombra- ha generado una “profunda inquietud” en la sociedad en general.

En su opinión, el control de Repsol podría pasar a “manos ajenas” a los intereses de la estrategia económica española, “en detrimento” de la mayoría del accionariado. Del potencial comprador destaca su “conocida inestabilidad financiera”, por lo que advierte de que la operación genera “enormes incertidumbres”.

El PP denuncia que, tras conocerse el interés de Lukoil, se ha divulgado que la compra del paquete accionarial original que ahora pretenden los rusos fue inducida en 2006 desde instancias públicas, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

También sostiene que Sacyr, la empresa vendedora del 29,9 por ciento de Repsol, se ha visto “beneficiada por un inusual porcentaje de adjudicación, de alrededor del 36 por ciento de su facturación en 2007, de obra pública”.

Al respecto, el PP afirma que existe la “sospecha fundada” de que esa no es la única operación que el Gobierno socialista “ha alentado” en sectores estratégicos.

Por ello, el PP demanda conocer otras operaciones que hayan podido tener un “trato similar” por parte del Ejecutivo.

La razón que aporta es que la “intromisión” del Gobierno en las operaciones de “reestructuración empresariales” ha provocado un “sobreendeudamiento” de la economía, así como un “debilitamiento” de la situación financiera de empresas que operan en sectores estratégicos.

A su vez, la intervención del Ejecutivo está “distorsionando” el mercado de valores y el de capitales, resalta el PP.

“Los españoles tienen el derecho a conocer el destino del dinero público y el papel que está teniendo el Gobierno en este tipo de operaciones”, motivos que le llevan a solicitar la Comisión, que deberá concluir sus trabajos en el plazo máximo de dos meses a partir de su constitución y eleva sus conclusiones al Pleno.