Acusado sin pruebas, de manera que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia rechazó todas las imputaciones por cohecho presentadas en su contra, el presidente de esa Comunidad, Francisco Camps, acaba de responder con un tremendo argumento contra sus acosadores periodísticos y del Partido Socialista.

 

Camps ha señalado que el verdadero y más importante cohecho del caso Gürtel se dio en el entorno de Rodríguez Zapatero con la concesión de contratos por 300 millones de euros a un empresario amigo suyo y de su más cercana ayudante.

 

El presidente valenciano se basa en lo que se conocen tras el levantamiento parcial del secreto de sumario del caso, 17.000 folios, y que demuestra el diferente trato que han recibido de la policía los implicados del Partido Popular y los del PSOE.

 

Un ejemplo es el de la alcaldesa popular de Valencia, Rita Barberá, mencionada en un diálogo entre Álvaro Pérez, “el Bigotes” y su contable, que hablan de comprarle un lujoso bolso a la alcaldesa como regalo, aunque seguidamente el empleado dice que ella “no da nada ni sirve de nada”. Pese a esta constatación, se produjo una divulgación maliciosa y sumamente exagerada del dato de que iban a regalarle bolsos a la política valenciana, disimulando o callando su incorruptibilidad, al menos en este caso.

 

Pero hay grabaciones de otras conversaciones que se callaron durante meses mientras se acosaba a los populares, como la que mantuvo el director de la constructora Teconsa, José Luis Martínez Parra, con Francisco Correa, el cabecilla del caso Gürtel, en el que narraba una reunión en Moncloa con Angélica Rubio Cerezales, directora general de Coordinación Informativa del Ministerio de la Presidencia.

 

“Me dijo que me iba a echar una mano”, señala Martínez Parra. Pero el informe policial prácticamente no le presta atención a este diálogo de una importancia fundamental porque poco después el empresario obtuvo contratos presuntamente teledirigidos por valor de 300 millones de euros.

 

En esto se basa principalmente Camps para demostrar el diferente trato policial, e incluso el del juez que inició la causa, Baltasar Garzón, y señalar que el caso Gürtel todavía está empezando.

 

De cualquier manera, y concluyan como concluyan las investigaciones, lo cierto es que es necesario que los partidos políticos establezcan controles internos sobre las finanzas de sus dirigentes antes de que sea la Ley o algún juez más o menos venal quien se encargue de airear la posible suciedad de sus casas, no siempre muy desinfectadas de corrupciones o corruptelas.