El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ha logrado la aprobación final del Congreso para una propuesta de ley que garantiza protección de responsabilidad a las empresas de telecomunicaciones que participaron en el programa de espionaje doméstico sin órdenes judiciales que inició el mandatario tras el 11-S

Podrán realizar espionaje sin autorización judicial
El texto aprobado protege a esas empresas de las posibles demandas multimillonarias por invasión de intimidad, e introduce la reforma más grande en las leyes de espionajes del país en tres décadas.

La decisión podría ser uno de los últimos triunfos legislativos del presidente Bush antes de que abandone el cargo el próximo mes de enero, pero ha provocado una oleada de críticas de los grupos de libertades civiles.

“Esta ley ayudará a nuestros especialistas en inteligencia a descubrir con quién hablan los terroristas, lo que dicen y lo que planean”, afirmó George Bush celebrando la aprobación.

“Asegurará que aquellas empresas cuya ayuda sea necesaria para proteger el país estarán protegidas ellas mismas de demandas por su cooperación pasada o futura”, añadió.

También refuerza la permisividad judicial y del Congreso de la vigilancia estadounidense sobre objetivos extranjeros, y aumenta la protección de las libertades civiles de los estadounidenses cumplidores con la ley afectados por ese espionaje.

La ley autoriza a las agencias de inteligencia del país a realizar escuchas sin autorización judicial sobre objetivos extranjeros que se crean fuera de Estados Unidos.

Los críticos denuncian que esto permite la vigilancia sin orden de llamadas telefónicas y correos electrónicos de los estadounidenses que se comunican con ellos. “Esta ley no es un compromiso. Es una capitulación”, afirmó el senador Russ Feingold, demócrata del estado de Wisconsin.

Lisa Graves, del Centro de Estudios de Seguridad Nacional, un grupo de debate de libertades civiles, afirmó que la ley dará lugar a más espionaje sin órdenes judiciales y permitirá a la Agencia de Seguridad Nacional a “construir la mayor base de datos de comunicaciones estadounidenses jamás construida”.

Los demócratas, enfrentados a la presión de un año de elecciones, aprobaron la ley temiendo que no hacerlo permitiera a los republicanos acusarles de ser demasiado suaves en materia de seguridad.