El tribunal actual tiene plena legitimidad. Sus miembros deberían recordar que todos fueron votados por diputados y senadores tanto del PP, como del PSOE
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Enterrar la Constitución de 1978
Cuando conocimos que el Tribunal Constitucional rechazaba la ponencia del llamado sector “progresista” que avalaba la consideración de Cataluña como nación y cuestionaba la legalidad de apenas una treintena de artículos, hemos sabido el por qué de la presión desmesurada sobre el Alto Tribunal.
Llevan años procurando que el Tribunal aparezca ante la opinión como un órgano sin legitimidad habida cuenta que la mayoría de sus actuales miembros podría no ser sensible a las pretensiones aprobatorias del Gobierno Central y Catalán, amén de sus socios nacionalistas. Ambos gobiernos son socialistas y del mismo partido. Ambos son gobiernos en minoría y tienen los mismos socios para procurarse la gobernabilidad.
La ponencia fue rechazada por cinco vocales que lo son a propuesta del PP y uno del PSOE. Sobre este último dato, pasan Zapatero y Montilla de puntillas. Resulta entonces que no hubo en sentido estricto una votación por bloques políticos. Resulta, como ya sabíamos, que la mayoría del Tribunal no tiene muy clara la completa constitucionalidad de la norma autonómica catalana.
Lo ha dicho bien Esperanza Aguirre. Lo del “Estatut” es un “lío” de Zapatero en el que anda metido todo el país. Los líos del señor presidente del gobierno español no son pocos en los últimos tiempos y amenazan, coincido con la presidenta madrileña, en romper la convivencia democrática. Fundamento de esa convivencia es el respeto a las normas del juego.
Recuerdo que el Tribunal Constitucional debe elegirse por una cualificada mayoría en el Congreso y el Senado. Recuerdo que los vocales actuales, cada uno de ellos, tuvieron que ser votados por parlamentarios de partidos diferentes para alcanzar esa mayoría. Está en las actas para quien no lo crea. Es verdad que los dos grandes partidos y los minoritarios se ponen de acuerdo en los nombres y que de alguna manera se respeta la proporcionalidad de las Cámaras.
Debería haberse producido una renovación al haberse superado el tiempo previsto de los nombramientos. Ahora es fácil decir, como asegura Montilla, que la culpa es del PP pues sus votos son necesarios. Sin embargo es muy simplista la acusación e interesada, por cierto. La realidad es que no se produce la renovación al habernos metido el gobierno en el monumental lío del “Estatut” y sospechar el PP que los nominados por el PSOE lo serían para sacar a Zapatero del problema, avalar el proyecto y empezar, piensan, a enterrar la Constitución del 78.
El tribunal actual tiene plena legitimidad. Sus miembros deberían recordar que todos fueron votados por diputados y senadores tanto del PP, como del PSOE. Ambos partidos representan la inmensa mayoría de la Cámara y por tanto de la soberanía popular, de donde emana finalmente el mandato que tienen los vocales del Alto Tribunal. Deberían responder todos con independencia a ese mandato que no es otro que el de preservar la Constitución de 1978, tal y como está, pues la competencia de reformarla no les corresponde a ellos, tampoco en exclusiva –afortunadamente- a Zapatero y Montilla.
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