Se repite un nuevo caso de escándalo urbanístico en la Costa del Sol española y en la provincia de Málaga. 23 personas, entre ellas el alcalde de la localidad, han sido hoy detenidos por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales. La Fiscalía tiene pruebas que demuestran que los ediles vendieron terrenos por debajo de su valor de mercado

23 detenidos, entre ellos un alcalde
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía han registrado desde primera hora de la mañana la sede principal del Ayuntamiento de Estepona, así como las dependencias municipales de Urbanismo y Hacienda y el domicilio particular del alcalde del pueblo.

Tras este último registro, el primer edil, Antonio Barrientos, salió detenido de su casa a las dos de la tarde acompañado de agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Los delitos que se imputan a los detenidos son los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.

Al igual que en el caso “Malaya” de Marbella, la investigación se centra en la recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaban a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado. En la causa obran múltiples intervenciones telefónicas que indican que los concejales que firmaban esas adjudicaciones obtenían un beneficio económico.

Pero no es la única coincidencia con el escándalo de Marbella. La familia Gil rigió los ayuntamientos de Marbella y Estepona en la década de los años 90. En el caso de Marbella, el alcalde fue Jesús Gil y en el de Estepona su primogénito Gil Marín.

La investigación fue iniciada por un Juzgado de Estepona en 2006 con el apoyo de la Fiscalía de Málaga, pero la trascendencia del caso y el alto número de personas implicadas les llevó a solicitar al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que la causa fuera asignada a la Fiscalía Anticorrupción.

Tras estudiar el informe en el que se detallaba el estado de las investigaciones, Conde-Pumpido decidió hace aproximadamente un mes otorgar la competencia a la Fiscalía Anticorrupción malagueña.