En una respuesta parlamentaria al senador catalán Miquel Bofill, el Gobierno anuncia que la futura Ley de Servicio Exterior prevé exigirle al cuerpo diplomático que hable catalán, gallego y vasco en las embajadas y consulados para atender a los ciudadanos de las tres comunidades que lo demanden.

 

El español, por tanto, dejará de ser el idioma común del Estado por una ley menor que, o bien obligará a embajadores o cónsules a aprender los tres idiomas, o hará elegir como diplomáticos por delante de cualquier otra cualificación a quienes hablen alguno de esas lenguas, u obligará a contratar personal que las hable, aunque su preparación técnica sea nula.

 

Dice el Artículo 3.1. de la Constitución: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Este enunciado de la Ley fundamental está incumpliéndose crecientemente, al extremo de que el débil Rodríguez Zapatero hace a todos los españoles rehenes y esclavos de quienes viven de sus lenguas minoritarias.

 

La Constitución nació dejando claro que los tres idiomas autonómicos tienen como ámbito solamente sus áreas geográficas y que, aún así, el idioma de todos debería ser preponderante y no acosado, como ocurre actualmente, sobre todo, en Cataluña.
 

Pero el sometimiento de Zapatero a las minorías nacionalistas abarca todas las esferas de la vida, y no sólo las políticas. Al extremo de que su gobierno está unido, a través del PSOE catalán, el PSC, a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que prepara y organiza referendos independentistas y en su expansionismo imperialista pretende absorber Valencia y Baleares.

 

Además, Zapatero se alía con el PNV, aunque no gobierne con él, para legalizar una independencia fiscal que daña a las regiones vecinas del País Vasco. Y envía a su ministro de Justicia a Galicia de manifestación contra su actual gobierno autonómico para defender un decreto de imposición del gallego impulsado por el anterior bipartito PSOE-BNG, bajo exigencia de los independentistas, y cuyo resultado fue que los gallegos lo rechazaron votando el PP para que gestionara el territorio.

 

Ahora pretende imponer un innecesario cultivo en el exterior de los idiomas regionales, que, además, será gravoso e improductivo. Es que es inimaginable pensar en un hipotético empresario catalán, gallego o vasco, exigiendo en la oficina comercial española en Pekín o Tokio, por ejemplo, que le ayuden a negociar con empresarios del país en sus idiomas autonómicos.