Estados Unidos quiere que el presidente Sidi Ould Cheikh Abdallahi y el primer ministro Yahya Ould Ahmed Waghf vuelvan a ejercer como miembros del Gobierno. Hace un mes que fueron derrocados por un golpe de Estado diseñado por los generales y los partidos de la oposición.

En Mauritania
Washington ha utilizado la vía indirecta de su embajada en la capital del país, Nouakchott, para anunciar que no reconoce la legitimidad del Gobierno que han decidido formar los generales golpistas con la finalidad, según dice, de convocar elecciones en un plazo breve de tiempo.

Los mismos políticos que ahora apoyaron el derrocamiento del Ejecutivo se sienten indignados porque los golpistas no han dicho en ningún momento cuánto durará el periodo de transición ni si el jefe de los golpistas, Mohamed Ould Abdel Aziz, se presentará a los próximos sufragios valiéndose de la ventaja que le da hacerlo desde un Gobierno dictatorial.

Mientras los militares se han entretenido buscando un nombre al nuevo poder ejecutivo de Mauritania, finalmente lo llamarán Gobierno del Alto Consejo de Estado, Washington ha advertido que no descarta imponerles financieras y restricciones de viaje a los individuos relacionados con “un gobierno ilegal y no democrático”.

El Gobierno

El puesto de Jefe del Ejecutivo ha recaído en Mulaye Uld Mohamed Laghdhaf, antiguo embajador de Mauritania en Bruselas y el nuevo Gobierno está compuesto por 28 miembros, entre los que predominan los tecnócratas sin experiencia política. De los 22 ministros nombrados, sólo cuatro estaban también presentes en el gobierno derrocado el pasado 6 de agosto: los titulares de Justicia, Defensa Nacional, Finanzas y Asuntos Económicos y Desarrollo.

El hecho de que sean meramente técnicos los hace más dúctiles a las presiones de los militares y la imagen que pretendían proyectar no parece haber calado en la comunidad internacional. No son, para los analistas occidentales, un grupo de técnicos independientes que se limitan a tomar las medidas necesarias con independencia de las ideologías.

Por otro lado, la falta de representación de cualquier partido político en el Gobierno se ve como una amenaza a la vuelta a la democracia del país, porque el Parlamento habría quedado aislado, sin poder suficiente como para controlar al Ejecutivo, y a la vez permanecería en activo para dar la sensación de que todo sigue como antes del golpe.

“El problema que tienen las ficciones democráticas es que los partidos terminan tomando las calles porque no carecen de ningún otro canal para demostrar el disgusto de sus afiliados y votantes. Al mismo tiempo, las protestas callejeras, que se hacen crecientemente violentas, son la excusa ideal para que unos militares golpistas limiten aún más las libertades de todos”, afirma un analista a Diario Exterior.