Estados Unidos no puede acceder a los datos personales de muchos europeos de los que sospecha que están relacionados con el terrorismo y, desde el 11-S, esta se ha convertido en la prioridad de la Administración Bush. Según el New York Times, Bruselas y Washington están a punto de terminar con esta situación.

La negociación podría estar cerca del final
La parte final de la negociación se ha llevado a cabo desde febrero de 2007 y se ha concentrado en 12 cuestiones claves que servirían para que los gobiernos y las empresas de Estados Unidos y Europa tengan la obligación de compartir la información personal de los sospechosos.

Ante la indignación de grupos de derechos civiles, como la Electronic Frontier Foundation, que consideran que podría convertirse en una violación de la intimidad de muchas personas inocentes, los negociadores han asegurado que la petición de informes se hará caso por caso, individualmente, y explicando los motivos que les han llevado a realizarla.

Un acuerdo de este tipo crearía una franja de seguridad más amplia entre Europa y Estados Unidos y reduciría el tiempo y los costes que asumen los servicios de inteligencia para evitar un atentado.

Tanto Bruselas como Washington quieren cerrar los acuerdos con la mayor discreción posible. Los europeístas saben que, después del rechazo irlandés al Tratado de Lisboa, se juegan mucho en los próximos meses y que esto podría ser utilizado por los que han movilizado a la gente en su contra. Por otro lado, Bush quiere evitar que se tramite a través del Senado o el Congreso y la única forma de hacerlo es que no modifique las leyes vigentes.

Europa ha pedido que sus ciudadanos tengan derecho a ir a los tribunales para obtener una indemnización y una rectificación de sus datos en el registro si se vieran identificados como terroristas sin ningún motivo. Bush se opone, entre otras cosas, porque tendría que modificar la Privacy Act de 1974.

Otro problema que la Administración vislumbra en el horizonte es que los países miembros de la Unión Europea son los que tienen la última palabra. La cuestión es, dicen los expertos consultados por este diario, qué capacidad tiene Bruselas de asegurarle a Washington que hará cumplir el acuerdo si ni siquiera ha podido garantizar la ratificación del Tratado de Lisboa.