El ministro de Inmigración e Identidad Nacional francés, Brice Hortefeux, ha asegurado que la duración máxima de la retención de los inmigrantes será mucho menor a la que prevé la directiva. El martes pasado, el ministerio de Exteriores español aseguró que no aplicarían la directiva en España.
Acordada con su apoyo hace una semana
Hortefeux ha puesto la duración máxima de las retenciones en 32 días, aunque según él lo más habitual será que los inmigrantes sin papeles permanezcan retenidos 12 días. La directiva europea preveía 18 meses.
El Secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, declaró que los requisitos que prescribe la directiva “están ya superados, mejorados y garantizados en nuestra legislación, en referencia a las normas españolas.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, amenazó con la reducción de las exportaciones de crudo a la Unión Europea y otros países se mostraron especialmente molestos con la actitud del Gobierno español, que se desmarcó de los socialistas europeos y se convirtió en uno de los principales impulsores de la directiva.
“Es una vergüenza lo que ha hecho Europa“, denunció el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al referirse al proyecto aprobado ayer en la Eurocámara. “¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país? ¿Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado?”, se preguntó el mandatario.
Por otro lado, el ministro de Exteriores francés ha recalcado que prefiere aplicar su legislación interna, que data de 1984, a la directiva de la Unión Europea. Por lo que es poco probable que la directiva modifique las normas francesas.
El ministerio de Asuntos Exteriores de España ha intentado explicar a los embajadores latinoamericanos que la nueva normativa comunitaria establece unas garantías mínimas, pero que eso no significa que reduzcan las que preveía la legislación española.
La directiva retorno fue aprobada la semana pasada y preveía que hubiera un límite máximo al internamiento de inmigrantes en la Unión Europea de 18 meses. Por otro lado, podía enviar a los menores, si no eran identificados, a instituciones dedicadas a su tutela en sus países de origen y se imponía a los clandestinos una pena de 5 años sin poder volver a la Unión Europea desde que fueran detenidos.
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