El lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha anunciado hoy que los partidos que componen el gobierno vasco recomendarán a los ciudadanos que denuncien a España ante la Unión Europea si Zapatero no le permite el referéndum que prohíbe la constitución.

Ante la Unión Europea
Es una vuelta de tuerca más a la presión que los separatistas ejercen sobre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Juan José Ibarretxe, presidente de la comunidad autónoma del País Vasco, está dispuesto a celebrar su consulta popular sobre la independencia de la región a cualquier precio.

Zapatero no puede, ni queriendo, permitir que el presidente vasco cancele el evento, porque se lo prohíbe la constitución, que prevé que la soberanía nacional sólo reside en el pueblo español y no pueda fragmentarse entre las diferentes regiones de España. No caben, desde la legalidad, los referendos que se convoquen con fines independentistas.

Ibarretxe, que ha ofrecido en San Sebastián una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno con el que ha comenzado el curso político, ha asegurado que los miembros del Ejecutivo autonómico presentarán “a nivel individual” demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque consideran que sus derechos se ven “afectados” por una previsible decisión del Tribunal Constitucional contra la Ley de Consulta.

El presidente vasco no ha querido por casualidad que los que demanden a España sean los propios ciudadanos. Esta estrategia basa en informes jurídicos que establecen que la legitimidad para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos no reside en las instituciones del país demandado sino en las personas afectadas por la prohibición constitucional.

El lehendakari no sólo propone a los vascos que demanden a España sino que va a poner a los partidos políticos, y las instituciones que controlan, al servicio de esta causa. En los próximos meses podría llegar a difundirse publicidad institucional donde se explique cómo puede presentarse una demanda contra el país al que pertenecen ante Bruselas.

Este escándalo no sería el primero que llega a Bruselas directamente desde las calles del País Vasco. Los diputados europeos tuvieron que votar sobre la legitimidad de las negociaciones del Gobierno con los terroristas después de que éstos hubieran anunciado una tregua indefinida que terminaron incumpliendo.