La inmigración ilegal es uno de los temas más divisivos e inabordables de nuestro país. Entre 12 y 20 millones de inmigrantes se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Esto es corrosivo socialmente.

Mark W. Hendrickson
Se suponía que la Ley Simpson-Mazzoli de 1986 iba a resolverlo, pero la inmigración ilegal ha seguido creciendo. La tentativa de este año por redactar una legislación de reforma integral de la inmigración se atascó en el Congreso. Teniendo en cuenta el historial de fracasos de las reformas integrales eficaces, quizá sea hora de tratar el problema en propuestas incrementales y fragmentarias.

Entre 12 y 20 millones de inmigrantes se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Esto es corrosivo socialmente. El respeto a la ley se tambalea cuando masas de personas violan la ley con impunidad y el gobierno parece impotente a la hora de implementarla. De alguna manera tenemos que reducir drásticamente la cifra de extranjeros ilegales en nuestro país. Para lograr esto, se sugiere con frecuencia dos caminos distintos: deportarlos y a continuación sellar nuestras porosas fronteras, o volverlos a clasificar para que no sean ilegales.

La mayor parte de aquellos que prefieren la deportación están motivados por el amor al país y la honorable fe en que aquellos que violan las leyes no deben salir impunes de hacerlo. Sin embargo, no creo que la deportación en masa vaya a tener lugar. Su implementación sería una pesadilla logística, exigiendo ejércitos de miembros de las fuerzas del orden y probablemente tropas militares (“ayudadas” quizá por efectivos organizados civiles) para llevar a cabo registros en vecindario tras vecindario, como los barridos militares en las ciudades iraquíes. Políticamente esta no es una alternativa viable.

El partido que intentara tal acción contundente cometería un suicidio político, movilizando el decisivo y actualmente en el aire voto hispano en favor del otro partido, como descubrieron por las bravas 2 congresistas del Partido Republicano por Arizona que defendieron una estrategia de “aplicar la ley” en las elecciones de 2006. ¿Que se puede hacer entonces? En primer lugar, reduzcamos los incentivos que atraen a nuestro país a los ilegales. Por supuesto, el principal incentivo es nuestra robusta economía, repleta de oportunidades, y ciertamente no queremos cambiar eso. Pero al menos deberíamos dejar de recompensar a los ilegales con la recompensa definitiva: ciudadanía norteamericana automática para sus hijos nacidos aquí. Esto es absurdo: “¡Felicidades señora González! Ha violado usted nuestras leyes, ingresado ilegalmente en nuestro país, evadido al servicio de inmigración, y ahora su hijo tiene todos los derechos de la ciudadanía norteamericana”.

Es hora de enmendar la Constitución de modo que el precioso regalo de la ciudadanía solamente se conceda a los bebés de padres que se encuentran en el país legalmente.

En segundo lugar, un modo de reducir la cifra de mexicanos ilegalmente en el país sería facilitarles la entrada legal al país durante un período concreto de tiempo para trabajar en puestos de trabajo concretos. Encontrar una manera de identificar y registrar a los trabajadores temporales tiene el potencial para sacar del anonimato a este segmento de nuestra economía sumergida. Siendo explícitos, me opongo a la inmigración ilimitada, pero no acepto la equívoca afirmación de que no necesitamos a ninguno de estos trabajadores tampoco.

Hasta nada menos que el 30% del cultivo alimentario de este año que es recogido a mano se echó a perder por la falta de temporeros. Una ausencia emergente de empleadas del hogar también está haciéndose obvia. Establezcamos acuerdos para que la labor tan productiva se realice legalmente a través de visitantes que tributen.

En tercero, deberíamos pensar dos veces nuestra veterana política (tipificada en un veredicto del Tribunal Supremo hace varias décadas) de ordenar por ley que las escuelas proporcionen educación gratuita y asistencia sanitaria gratuita los hospitales a los inmigrantes ilegales. ¿Por qué no hacer que el 10% de los salarios de los empleados temporales extranjeros sea deducido para servicios sociales locales que consumen ellos? La presente política de financiar a fondo perdido tales servicios genera un poderoso incentivo para la inmigración ilegal.

Además, esta política da lugar a una inconsistencia en nuestras leyes. Las empresas que contratan trabajadores cuyos documentos son falsos son objeto de procesamiento, mientras que los proveedores de servicios sociales tienen que aceptar a los ilegales sin preguntar, y algunos consistorios locales — las llamadas “ciudades asilo” — desafían abiertamente la ley federal y ayudan activamente a los ilegales a evadir la detección.

No podemos tener éxito a la hora de poner orden en este problema si distintos segmentos de nuestra sociedad trabajan enfrentados. La injusta parcialidad anti-empresas tiene que desaparecer. En cuarto lugar, hagamos que los Estados Unidos de América sean por ley monolingües. Ciertamente todo el mundo puede hablar y escribir en cualquier idioma que prefiera, pero en lo que respecta a cosas como asuntos oficiales, éste debería ser un país de inglés en exclusiva. Cuando viví en México, yo hablaba su idioma, y cuando ellos vienen aquí, deberían hablar el nuestro, exactamente igual que las generaciones anteriores de inmigrantes de todo el mundo aprendieron a hacer.

Mantengamos funcionando el crisol de culturas, y evitemos los divisorios impulsos que plagan a países bilingües como Canadá.

O rechazamos a los inmigrantes, o los asimilamos, o dejamos que provoquen la desintegración de nuestra sociedad. ¿Qué va a ser?

El Dr. Mark W. Hendrickson es docente, economista y académico colaborador del Center for Vision and Valores del Grove City College.