América, Economía y Sociedad

El impuesto a la venta por internet: otro asalto a la Constitución

Las ventas por internet alcanzaron el pasado año un total de 226.000 millones de dólares en los Estados Unidos, y unos ingresos fiscales de ese volumen se convierten con facilidad en el tentador objetivo de los funcionarios manirrotos.

Es sorprendente lo rápido que actúa el secretario Demócrata en el Senado Harry Reid cuando quiere. Tras llevar unos 4 años dando largas y dilatando hasta la presentación de unos presupuestos, Reid abandonaba súbitamente su letargo las dos últimas semanas del mes de abril. Tan impaciente estaba por aprobar un proyecto de ley que concede competencias a los gobiernos de los estados para recaudar impuestos a la venta por internet que se saltó el mecanismo de vistas legislativas normal para que los senadores pudieran examinar las ventajas y los inconvenientes. El proyecto de ley fue presentado (vuelto a presentar, en realidad) el 16 de abril, y si dependiera de Reid, ya estaría aprobado. Los detractores apenas lograron aplazar la votación hasta el 6 de mayo.

Una de las facetas interesantes de este proyecto de ley (conocido con el Orwelliano nombre de "Ley de Justicia en el Mercado") es que hay 27 senadores Republicanos que ahora mismo están a favor. Sólo 24 ó 25 senadores son contrarios actualmente al proyecto — un surtido bipartidista de senadores de los 5 estados que no tienen impuesto a las ventas, con algún conservador económico del ala del movimiento de protesta fiscal Tea Party del Partido Republicano como Marco Rubio, Mike Lee o Ted Cruz.

El motivo de que haya tantos senadores a favor de la Ley de Justicia en el Mercado es sencillo: los gobiernos de los estados están desesperados por encontrar recaudación con la que financiar la permanente escalada de su gasto público, y sus aliados del Senado intentan ayudarles a recaudar. Las ventas por internet alcanzaron el pasado año un total de 226.000 millones de dólares en los Estados Unidos, y unos ingresos fiscales de ese volumen se convierten con facilidad en el tentador objetivo de los funcionarios manirrotos.

Los partidarios del impuesto ponen el acento en lo de "Justicia".  Afirman que los vendedores en internet en otros estados tienen una ventaja competitiva frente a las empresas locales pequeñas con sede física que tienen que tributar el impuesto sobre las ventas a sus gobiernos locales, y que esta situación desequilibrada tiene que ser corregida. Esto es económicamente ignorante. La idea entera de la competencia económica es que unas empresas van a tener ventajas competitivas sobre otras. Esto da al consumidor donde elegir y acabar comprando a la empresa que le dé la máxima rentabilidad por su dinero.

Hay, por supuesto, dos formas posibles de que las instancias estatales eliminen la disparidad vigente: imponer la misma carga fiscal a los competidores en internet de otros estados, o eliminar la carga fiscal del impuesto sobre las ventas que soportan las empresas locales. El problema que reviste eliminar el impuesto sobre las ventas de las empresas es que esas empresas consumen diversos servicios prestados por el Estado (carreteras, tribunales, fuerzas de seguridad, incluso subvenciones a lo mejor) y no tiene nada de raro que las empresas financien esas ventajas. El problema de imponer impuestos a las empresas de otros estados es: ¿Por qué tiene que tributar a una instancia gubernamental el contribuyente de un estado, si no consume ninguno de los servicios del otro estado ni disfruta de ninguna de las transferencias de riqueza que brinda esa instancia? ¿Por qué debe tributar a entidades políticas de regiones en las que no tiene derecho a votar y que no le rinden ninguna cuenta? Eso se llama gravación sin representación — un importante principio que combatieron los patriotas estadounidenses que libraron la Guerra de la Revolución — y no tiene nada de justo (de ahí el carácter Orwelliano de bautizar con "Justicia" el nombre del proyecto de ley).

Tolerar que las instancias estatales empiecen a imponer impuestos sobre la venta a las empresas de otros estados es peor que injusto: es anticonstitucional. El gobierno federal no tiene ninguna competencia parecida. El párrafo quinto de la sección novena del Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos dictamina: "No se impondrán Aranceles ni Impuestos a los Artículos exportados desde ninguno de los Estados”. El segundo párrafo de la sección décima del Artículo I de la Constitución reza: "Ningún Estado impondrá, sin el Consentimiento del Congreso, Recargo o Arancel a las Importaciones o Exportaciones…" La Constitución creó la primera zona de libre comercio del mundo — los Estados Unidos de América — y que una mayoría de senadores de los Estados Unidos antepongan la conveniencia a la integridad constitucional es inconsciente.

Uno de los aspectos más tristes de la maniobra que persigue tramitar a toda prisa esta nueva forma de gravación es que el gurú del impulso económico a través de la reducción de los impuestos, el afamado economista Arthur Laffer, se subió al carro enseguida. Laffer y sus aliados en esa teoría económica merecen el mérito de reanimar una interpretación de la forma en que los tipos fiscales marginales crean incentivos a los particulares, y por demostrar que algunos impuestos son menos nocivos que otros. El talón de Aquiles de la teoría de la rebaja tributaria siempre ha sido su tendencia a poner el acento más en la gravación que en el peligro económico fundamental: el gasto público. Laffer repite ese error hoy al apoyar la Ley de Justicia en el Mercado.

Firmando en el Wall Street Journal del 18 de abril, Laffer cita datos que demostrarían que los gobiernos estatales habrían ingresado al menos 23.000 millones de dólares durante el ejercicio 2012 a través de la gravación de las ventas en la red. Se lamenta de que esta recaudación "perdida" se tradujera en que se elevaran los tipos impositivos marginales. Si bien Laffer está en lo cierto al afirmar que subir los tipos impositivos marginales es nocivo, se da demasiada prisa en asumir que los gobiernos estatales los rebajarían de tener competencias para gravar la venta en la red. Lo que es peor, ni siquiera trata de defender la idea de que los gobiernos estatales deberían gastar menos como forma óptima de estimular el crecimiento económico que desea. Cuando se trata de gastar, Laffer coge la vía de menor resistencia y se pone de parte del estatus quo — una decisión claramente más política que económicamente convincente.

De hecho, a nivel económico, es sorprendente que tantos senadores se sientan seguros de apoyar la Ley de Justicia en el Mercado. Hacer que los estados añadan un impuesto a la venta interestatal por internet va a elevar los precios que paga el consumidor. Por supuesto, esa es la forma de funcionar del Estado; después de todo, la guerra del Estado a un mejor estándar de vida se libra a base de subir los impuestos al consumidor de un amplio abanico de formas — por ejemplo subvenciones, cuotas, aranceles, licencias de apertura, leyes antitrust, hiper-regulación, etc. Con todas esas políticas, el Estado encarece los bienes económicos al consumidor.

A fecha de este escrito, parece que la ampliación de las competencias fiscales de los estados es pan comido. Sólo cabe esperar que el Tribunal Supremo aclare más tarde la constitucionalidad de la Ley de Justicia en el Mercado. Sin embargo, en el año 2009, los magistrados del Supremo desestimaron un caso que cuestionaba una ley de Massachusetts que gravaba a las corporaciones de otros estados que generaban ventas dentro de Massachusetts. Añada a eso la alambicada gimnasia verbal que se utilizó para refrendar la Ley de Atención Asequible el pasado año, y es difícil ser optimistas con la protección de nuestros derechos constitucionales. Me parece que el federalismo se está muriendo y que los legisladores estatales y nacionales se están conchabando para sacar más dinero al sector privado.

Mark W. Hendrickson es doctor en económicas y profesor de económicas y políticas del Grove City College

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