Los tribunales han inhabilitado al primer ministro de Tailandia, Samak Sundaravej, por violar la Constitución. El partido de Samak está siendo investigado por un delito de fraude electoral. La inhabilitación se produce porque el jefe del Gobierno presentó un programa de cocina en la televisión y compatibilizó su salario institucional con el de una empresa privada.

Está acusado también de fraude electoral
Samak Sundaravej estaba en el punto de mira no sólo de la comunidad internacional sino también de los propios tailandeses, que cada vez se muestran más convencidos de que ha sido un líder ilegítimo y han salido, por decenas de miles, a las calles de Bangkok.

Pero de lo que los tribunales le acusan y lo que le ha costado el puesto ha sido el incumplimiento del capítulo 267 de la Carta Magna que prohíbe a los miembros del Gobierno trabajar en la empresa privada. Fuentes del Ejecutivo han asegurado que le pagaban por los gastos del transporte y los ingredientes, por lo que no existía ningún tipo de incompatibilidad.

El líder tailandés dirigió el programa de cocina durante siete años y e hizo pocas apariciones tras acceder a la Jefatura del Gobierno hace siete meses. Varios senadores de la oposición llevaron el caso al Tribunal Constitucional.

Al considerar que la destitución del primer ministro ha sido una “simple” maniobra política, la principal formación de la coalición del Gobierno, el Partido del Poder Popular (PPP), expresó hoy, antes de conocer la sentencia, su respaldo a Sundaravej y destacó que volverá a votar por él como primer ministro.

De la cocina al “pucherazo”

La Comisión Electoral de Tailandia recomendó, el pasado 2 de septiembre, a la Corte Suprema que disuelva la formación del primer ministro, el Partido del Poder Popular (PPP), por fraude electoral. La Comisión estima que el PPP fue responsable de la compra de votos durante las elecciones generales de diciembre. Según las autoridades, la crisis empezó, hace un mes, con la sentada de miles de miembros de la oposición frente al edificio de Naciones Unidas para exigir la dimisión de Samak. Esos mismos manifestantes ocuparon el palacio gubernamental a finales de agosto.

El martes pasado, Samak declaró el estado de excepción tras la muerte de una persona y otros 43 heridos en un enfrentamiento entre seguidores y opositores del Gobierno. Sin embargo, el ejército se ha negado a aplicar la medida demostrando que no cree plenamente en el poder del Ejecutivo. Los militares se apresuraron a decir, hace menos de una semana, que no tenían la intención de dar un golpe de Estado.