Un ala, valga la ironía, a la que no pertenece George W. Bush, el Presidente que nominó en su momento a Hanen y que, al igual que un minoritario pero significativo grupo de republicanos, entiende la contradicción frontal entre los valores que ese partido propugna y la hostilidad contra la inmigración.

Toda lucha política en Estados Unidos acaba siendo una batalla jurídica: las decisiones de la Corte Suprema, donde acaban los casos emblemáticos, marcan el zeitgeist de cada época en términos de valores y visión social.

No es desdeñable en este caso el debate legal: en un país tan celoso de la separación de poderes, es lógico que una decisión ejecutiva que deja sin efecto lo esencial de un conjunto de leyes plantee una profunda discusión sobre los alcances del poder presidencial.

No es, pues, asunto banal que, por una decisión presidencial que contraviene la ley, entre cuatro y cinco millones de ilegales, casi la mitad de todos los que hay, puedan pasar a ser legales si tienen hijos que son ciudadanos o residentes en Estados Unidos y han permanecido en este país por lo menos desde 2010 en condición indocumentada. Tampoco es banal que un juez estime que se ha violado el procedimiento normativo al no publicarse y abrirse a debate la decisión ejecutiva antes de anunciarla definitivamente. Y mucho menos que, como dice el juez, la Casa Blanca se haya extralimitado en el uso del poder discrecional que el sistema concede al Ejecutivo para aplicar las leyes del Congreso en función de qué aspectos considera prioritarios y cuáles no. Todos son asuntos de fondo en una democracia bajo Estado de Derecho.

Pero, una vez más en la historia de Estados Unidos se ha abierto entre la legalidad y la sociedad un abismo que acabará cerrándose cuando la ley se adecúe a la sociedad. De lo contrario, habría que deportar a 11 millones de personas, un absurdo que no sucederá nunca, y tapar todas las entradas a Estados Unidos, una proeza aislacionista y totalitaria improbable en un país libre y globalizado.

Por tanto el juez intenta tapar el sol con un dedo y sabe que más temprano que tarde la propia Justicia reconocerá la realidad.

¿Ha actuado estrictamente con criterio jurídico? Es casi seguro que por lo menos en parte ha prevalecido un criterio político, dados los antecedentes que se le conocen, en especial su activismo constante en contra de legalizar inmigrantes incluso por la vía parlamentaria. En cualquier caso, el daño ya está hecho: muchos inmigrantes vuelven a sentir la precariedad de su condición, a enardecerse con lo que perciben como una traición del Partido Demócrata, que no los legalizó cuando tuvo más poder en el Congreso, y a abominar a un Partido Republicano en el que, para ser justos, hay una corriente con una visión mucho más moderna pero que por desgracia está en minoría y no logra hacerse fuerte en la organización que fundó Lincoln.

Artículo publicado originalmente en La Tercera