Diputados oficialistas presentan un proyecto de expropiación de las empresas del grupo español Marsans, Aerolíneas Argentinas y Austral, con la intención de aprobarlo la semana próxima.

Decretazo del oficialismo a la vista
El proyecto lleva las firmas del titular del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi, y del presidente de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, el también oficialista Mariano West.

El proyecto plantea la declaración de Aerolíneas y Austral como “bienes de utilidad pública” sujetos a expropiación, pero desde la oposición ya objetan el hecho de que el Estado, además de hacerse cargo de los activos de las compañías, asuma también la abultada deuda de Aerolíneas.

El plan se propone declarar de “utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones” de ambas compañías y sus empresas controladas.

La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones ha recomendado al Congreso la sanción de una ley para la expropiación de la aerolínea de bandera y la empresa de cabotaje.

La intención del oficialismo es avanzar con el dictamen esta misma semana y llevar el proyecto al recinto de la Cámara Baja la próxima semana.

En sus fundamentos, el proyecto señala que la gestión de Interinvest es deficiente y considera inaceptable que “el transporte público aéreo en Argentina siga en manos de una empresa que opera con notable incapacidad”.

El Parlamento aprobó en septiembre una ley que habilitó la nacionalización de Aerolíneas y Austral y, a partir de ella, el Estado y Marsans iniciaron negociaciones. Sin embargo, no hubo acuerdo en el valor de las compañías, ya que para el Tribunal de Tasación de la Nación tienen un valor negativo de 832 millones de dólares y para Marsans de alrededor de 400 millones de dólares.

Marsans insiste en que confía en llegar a un acuerdo amistoso, aunque ratifica que si se concreta la expropiación presentará una demanda contra Argentina ante el CIADI (tribunal de arbitraje del Banco Mundial).

Las empresas fueron privatizadas en 1990, en una operación investigada por la justicia, bajo la Presidencia de Menem. El grupo español, que se hizo cargo de las empresas hace siete años, dejó de operar las compañías, con una deuda de casi 890 millones de dólares, después de haberlas comprado en 2001 por el valor simbólico de un dólar a un organismo estatal español, momento en el que el erario público español tuvo que hacer un aporte de capital de 750 millones de dólares para que funcionaran.